Hace unas semanas inauguramos la lista de correos del Foro de Gobernanza de Internet de Perú (IGF Perú), que nace con el fin de crear un espacio virtual público de fácil acceso para conectar a toda la comunidad alrededor de este evento.
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¿Qué es el Foro de Gobernanza de Internet de Perú?
El Foro de Gobernanza de Internet es un espacio de diálogo sobre Gobernanza de Internet en el cual distintos representantes del Gobierno, la Sociedad Civil, la Academia, la Comunidad Técnica y el Sector Privado dialogan sobre el uso y desarrollo de Internet en Perú. Además, este espacio busca favorecer la participación informada de los actores del país en foros regionales e internacionales sobre el mismo tema como el Foro de Gobernanza de Internet (IGF) y el Foro Latinoamericano de Gobernaza de Internet (LACIGF).
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
La Oficina en Lima de UNESCO y el despacho del Congresista Alberto de Belaunde organizan esta semana una Mesa sobre TICs, políticas públicas y ciudadanía en Perú en el Congreso de la República. El evento busca ser un espacio para conocer experiencias y buenas prácticas en estas materia, así como promover la discusión sobre la creación de soluciones tecnológicas a las necesidades del país.
Hiperderecho estará presente a través de Miguel Morachimo, abogado y nuestro Director Ejecutivo, quien a las 2:30 pm presentará algunos de los proyectos recientes de Hiperderecho en materia de tecnología e interés público, como nuestra investigación sobre violencia de género en línea o nuestras recientes denuncias sobre filtrado de datos personales en el Estado.
Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
INFOSOFT 2018 es el evento anual sobre tecnología y computación organizado por la Asociación de Alumnos de Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su finalidad es difundir y fomentar la investigación y desarrollo de proyectos por parte de la comunidad universitaria, así como brindar un espacio de encuentro entre estudiantes y profesionales de diversos ámbitos. Este año se llevará a cabo entre el 3 y 6 de septiembre en el campus de la universidad.
Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
Dicen que a la tercera es la vencida o al menos eso debe esperar el Poder Ejecutivo, que el 4 de mayo presentó nuevamente un Proyecto de Resolución Legislativa dirigido a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso con el fin de que se ratifique la Convención sobre Cibercriminalidad (mejor conocida como el Convenio de Budapest). La ratificación de este Convenio, que viene siendo impulsado desde hace varios años, ha sufrido todo tipo de retrasos e inconvenientes, que esta vez parecen haber sido superados.
Para quienes no lo conocen, el Convenio de Budapest es el primer tratado en el mundo que busca crear un marco comprensivo de acción contra los delitos informáticos a través de tres líneas de trabajo: (1) la creación de un marco penal común, (2) la estandarización de procesos de investigación, y, (3) el fortalecimiento de la cooperación internacional. Creado y aprobado en el seno del Consejo de Europa, ha sido suscrito también por países de diferentes regiones que buscan fortalecer su lucha contra estos delitos.
Perú, como otros países de Latinoamérica, ha visto crecer en los últimos años los delitos cometidos a través de tecnologías de la información y la comunicación. Ante su avance, se han ensayado diferentes respuestas, entre ellas la creación de normas específicas de delitos informáticos, la institucionalización de unidades de respuesta y la aplicación de un marco legal que proteja al Estado y a sus ciudadanos de las amenazas presentes en el ciberespacio. En ese contexto, la adhesión al Convenio de Budapest se vió como un paso más dentro de estos esfuerzos.
Hace varios meses, Hiperderecho presentó ante el Poder Judicial una demanda de Acción Popular contra el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como ya lo habíamos mencionado a finales del año pasado, parte del contenido de este Reglamento creaba ilegalmente una nueva excepción al acceso a la información pública, afectando la transparencia y los derechos de todos los ciudadanos a conocer y fiscalizar la actividad del Estado. Hace unas semanas fuimos notificados con la resolución que admite a trámite nuestra demanda en la Primera Sala especializada en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.
No se trata de que todos los correos de los funcionarios se declaren de acceso público, sino que su publicidad siga estando sujeta a un análisis de caso por caso (y solo limitada cuando comprometa su intimidad). Es decir, si un funcionario se comunica con otro para contarle un problema familiar, esa información debería de mantenerse en reserva. No obstante, si el mismo funcionario se comunica por la misma vía con otro para informarle de una reunión sobre un proyecto o darle parte de un suceso, no hay ninguna razón para no considerarla información pública.
Los principales argumentos de nuestra demanda son tres: (i) la ilegalidad manifiesta de la medida, (ii) la interpretación de la naturaleza de la información de acceso público, y, (iii) la lesión de los principios de transparencia en el Estado.
Ilegalidad Manifiesta
En el primer nivel de análisis, detectamos que la propuesta del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353 que crea la nueva excepción al acceso a la información contradice directamente a la Constitución, a la Ley de Transparencia a sus normas conexas. En el caso de la Constitución, se contradice el artículo 2, inciso 5 en donde se consagra el derecho fundamental a hacer solicitudes y recibir información de acceso público. En cuanto a la Ley de Transparencia, esta contradicción es aún más explícita pues en el Texto Único Ordenado de esta norma se señala claramente que cualquier nueva excepción solo puede crearse por ley (no a través de un reglamento).
Alcance de la información de acceso público
En un segundo momento, exploramos la posibilidad de hallar una interpretación “constitucional” del Reglamento y encontramos que efectivamente hay una, pero que solo funciona si se acepta que la información contenida en los correos electrónicos y servicios de mensajería (cuyo acceso se ha restringido en el reglamento) nunca había estado disponible como fuente de acceso público. Sin embargo, esta tesis no se sostiene pues la Ley de Transparencia es clara en que toda información pública producida debe conservarse no importa el formato en que se encuentre (físico o virtual), además de la abundante evidencia empírica de que muchas veces las entidades públicas envían información contenida en correos y servicios de mensajería (ver solicitud hecha a FIT por el caso de Wachitaxi).
Afectación de la transparencia en el Estado
Finalmente, como consecuencia de lo anterior, tenemos dentro de nuestro sistema a normas de menor rango que contradicen a otras de mayor jerarquía, lo que afecta gravemente el trabajo de los operadores de justicia y la coherencia de nuestro ordenamiento jurídico. Pero más allá de eso se encuentra también el menoscabo de un principio fundamental de la democracia que es la transparencia. Esto es quizás lo más grave pues, en el contexto actual, lo que menos queremos es reducir las herramientas que tienen los ciudadanos para fiscalizar a los funcionarios públicos.
Como parte de las acciones tomadas contra el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353, meses atrás enviamos cartas a diferentes entidades del sector público, entre ellos a la Presidenta del Consejo de Ministros (en ese entonces Mercedes Aráoz), a varios congresistas de diferentes bancadas y a la Defensoría del Pueblo. Esta última nos ha hecho saber hace poco que va a consultar a la Autoridad Nacional de Transparencia con el fin de saber su postura sobre este tema. También hemos recibido expresiones de interés de algunos despachos congresales y continuamos a la espera de mejores noticias. Hasta entonces, seguiremos peleando en el Poder Judicial el derecho de todos los peruanos a la transparencia y el acceso a la información pública.
Luego tomarnos un descanso durante julio, este mes continuamos con nuestro ciclo de Conexiones. El próximo martes 21 de agosto estaremos conversando con Milagros Olivera, periodista y miembro de diversos proyectos digitales y analógicos sobre feminismo.
Hablaremos con Milagros sobre los retos y oportunidades de hacer activismo sobre género en Internet. Además de conversar sobre cómo gestiona espacios feministas de debate en torno a las problemáticas que afectan a las mujeres y a las personas no heterosexuales. También hablaremos del proyecto Serena Morena, un espacio digital de información sobre aborto seguro y de acompañamiento a las mujeres.
El evento será el día martes 21 de agosto, a las 6:45 pm. en Fundación Euroidiomas (Calle Libertad 130, Miraflores). El ingreso es libre previa inscripción en este formulario.
Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
La “pornovenganza” o “pornografía de venganza” es la difusión por medios electrónicos de fotografías o videos de tono erótico o explícitamente sexual sin el consentimiento de las personas retratadas y con el objetivo de humillar, intimidar y/o extorsionarlas. Este acto es un tipo de violencia de género que busca castigar la libre expresión de la sexualidad en medios digitales, y también una violación a los derechos humanos que afecta desproporcionadamente a las mujeres heterosexuales y personas LGBTIQ+.
En Hiperderecho, estamos comprometidos a luchar contra la violencia de género en línea y como parte de este compromiso es que contribuimos con contenido local al proyecto regional de Acoso.Online, el cual incluye información legal y jurídica de siete países incluyendo a Perú. Esta página no solo buscan prevenir este tipo de violencia brindando recomendaciones de seguridad digital, sino sobre todo orientar y acompañar a quienes la hayan sufrido. En ella encontrarán la información necesaria para pedir la baja de contenidos en diversas plataformas intermediarias y para denunciar el ataque frente a los operadores de justicia.
Acoso.Online cumplirá un rol crucial para proteger a las víctimas de “pornografía no consentida sobretodo en el caso de Perú, donde aún no existe una ley para combatir este tipo de violencia. En Hiperderecho, le estamos haciendo seguimiento a los dos proyectos de ley que buscan combatirla (aquí el primero), uno de los cuales se ha aprobado pero aún no se ha implementado (aquí el segundo) y aunque celebramos estas iniciativas que buscan penalizar el acto y proteger a las víctimas, hemos enviado nuestros comentarios al congreso para que estos proyectos incluyan todas las variables que intervienen en esta problemática.
Mientras tanto, afortunadamente sí existen varias leyes que pueden ayudarte. En el evento realizaremos una explicación detallada del contenido legal actual con el que puedes denunciar este tipo de violencia y responderemos a cualquier pregunta que tengas sobre el tema.
Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
Desde el 2006, la ONPE viene desplegando progresivamente una solución de voto electrónico que consiste en usar tablets sin conexión a Internet para emitir votos y luego enviar los resultados consolidados por Internet. En el sistema que propone ONPE el acto de votar sigue siendo presencial, pero en lugar de marcar en una cédula de papel, se usa un tablet que tiene una representación visual de lo que hubiese sido la cédula tradicional. Es decir, es un «voto electrónico» pero «presencial», de ahí el nombre. El software que se usa en las tablets de votación y mesas de sufragio, así como el sistema de transmisión, ha sido desarrollado internamente por ONPE.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
En Hiperderecho continuamos con el trabajo de generar productos que lleguen a un público con el que tenemos mucho en común, pero con el que no siempre nos encontramos en el trabajo del día a día: emprendedores digitales. Antes ya lo hemos hecho con una guía sobre Políticas Públicas, en la que queríamos mostrar la importancia de la participación de los emprendedores en la discusión de políticas que afectan su sector. En esta ocasión, queremos dar a conocer herramientas y metodologías de trabajo que pueden servir para impulsar sus emprendimientos.
Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
