En nuestro país, el flagelo de la inseguridad ciudadana sigue latente. La tecnología como herramienta para combatirla todavía no termina de afianzarse, o más bien, de generar una confianza definitiva. En los últimos años, varias iniciativas del Poder Ejecutivo y del Congreso han promocionado políticas de seguridad que tienen como estandarte el uso de la tecnología. El acceso a metadata y datos de geolocalización, el acceso a los circuitos cerrados de televisión (CCTV), la creación de un registro de celulares con verificación biométrica de usuarios y la utilización de drones para patrullaje, son algunas de las propuestas planteadas.

Un nuevo proyecto de ley presentado por la congresista Lourdes Alcorta Suero plantea modificar algunos artículos de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y de la Ley Orgánica de Municipalidades para darle acceso a la Policía Nacional del Perú a los sistemas de videovigilancia de los gobiernos regionales y municipalidades. En principio, suena como una buena idea. La Policía debe poder acceder a las cámaras de seguridad instaladas en las calles. El problema está en el diseño de la política. ¿En qué contexto se debe permitir este acceso? ¿Existe un protocolo que determine un procedimiento para solicitar las grabaciones? ¿Durante cuánto tiempo la Policía las tendrá disponibles? ¿Qué sucederá con esas imágenes cuando ya no se necesiten? ¿En qué soporte se entregarán los archivos? ¿Quién emitirá la orden o solicitud? ¿Será revisada por un fiscal o un juez? ¿Es una medida necesaria? ¿Hay un estudio previo que justifica esta iniciativa? Ninguna de estas preguntas están respondidas en este proyecto de ley.

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Este domingo 22 de octubre se llevará a cabo en todo el país el Censo Nacional 2017. Entre las 8 am y las 5 pm, un empadronador visitará nuestras casas para recopilar información sobre quiénes y cuántos somos y la forma en que vivimos. Con preguntas que van desde nuestras creencias religiosas, origen étnico y hasta qué aparatos eléctricos poseemos, se trata del cuestionario más detallado que hemos tenido en toda nuestra historia. Si la forma en que se ha organizado este evento o alguna de las preguntas relacionadas a tus datos personales te genera desconfianza, ¿cómo defender nuestros derechos este domingo?

No tenemos que contestar todas las preguntas

El cuestionario del Censo tiene diversos tipos de preguntas: desde los materiales con los que está construida nuestra casa hasta nuestra religión. Según el Decreto Supremo que aprobó las Normas para la Ejecución de los Censos Nacionales, negarse a responder las preguntas del Censo o suministrar datos incorrectos podría sancionarse hasta con S/. 2025. Sin embargo, eso no significa que estemos obligados a contestar todas las preguntas. Otras leyes superiores nos permiten guardar reserva de la información que nos identifique o haga identificables, así como asuntos que consideremos parte de nuestra privacidad. Por ejemplo, la Constitución nos da el derecho de guardar reserva sobre nuestra convicciones religiosas o de cualquier otra índole. Igualmente, la Ley de Protección de Datos Personales reconoce nuestro derecho a elegir cuándo y con quién compartimos información como nuestro origen racial y étnico, ingresos económicos, opiniones o convicciones políticas, afiliación sindical, e información relacionada a nuestra salud o vida sexual. Tenemos el derecho a decidir qué datos personales queremos revelar durante el Censo y negarnos a contestar las que consideremos que invaden el ámbito de nuestra vida privada.

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