Como les contamos hace un tiempo, el año pasado empezamos nuestro programa de voluntariado universitario al que denominamos Liga Juvenil de Defensa del Internet. Gracias a este proyecto, hemos tenido la oportunidad de conocer y trabajar con un genial grupo de estudiantes de Lima y provincias durante varios meses. Con ellos, hemos trabajado en identificar nuevas áreas de trabajo, nuevas problemáticas y explorar ideas muy creativas de solución. Por cierto, ¿recuerdan nuestra investigación sobre el código QR de los carnés universitarios? Eso también salió de este trabajo.
Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
Queremos que nuestro trabajo no sea solo es reactivo a lo que hace el gobierno sino también propositivo. Desde nuestras primeras campañas, hemos entendido que el rol que juegan organizaciones como nosotros no se agota en criticar desde la tribuna.
Por eso, estamos muy contentos de participar en la iniciativa #UnBuenPlan, promovida por un grupo de las más importantes organizaciones de la sociedad civil de Perú. Se trata de un esfuerzo por brindar insumos accionables e ideas concretas sobre áreas temáticas específicas a los próximos candidatos a alcaldes y gobernadores regionales de todo el país. Gracias a la invitación del grupo impulsor de la iniciativa, en Hiperderecho hemos contribuído con una sección sobre Gobierno Electrónico y Modernización Estatal.
Entendemos el Gobierno Electrónico como el uso de la tecnología para mejorar la forma en la que el Estado funciona. Al respecto, se ha escrito un montón en nuestro país aunque se ha practicado mucho menos. Esta vez nuestras propuestas no pasan por grandes ideas como interoperabilidad del Estado, reducción del uso del papel o digitalización radical de los trámites. Sabemos que todas esas son cosas importantes pero también que para practicarlas se necesita capacidad, recursos y probablemente un horizonte temporal más grande. Por eso, nuestras propuestas se han centrando en intervenciones específicas que están al alcance de la mayoría de instituciones públicas.
Nuestras cinco propuestas parten de entender la modernización pública como un instrumento para avanzar los objetivos de la entidad y no como un fin en sí mismo. Desde esa base, hacemos propuestas concretas en materia de transparencia, acceso a la información pública, garantías para los Derechos Humanos y participación del sector privado en condiciones de transparencia. Nuestras cinco propuestas son:
Toda inversión de tiempo o recursos en materia de modernización y gobierno electrónico debe de estar basada en principios claros y objetivos de interés público
Poner a disposición del público una lista completa de normas legales y actos administrativos producidos por la entidad.
Permitir a los ciudadanos realizar solicitudes de Acceso a la Información Pública a través de Internet.
Tomar decisiones sobre el uso de tecnología aplicando un test de proporcionalidad
Involucrar al sector privado y la comunidad en la tarea de modernizar el Estado
Pueden leer el desarrollo de estas propuestas desde la página web de Un Buen Plan. Ahí también encontrarán las contribuciones de otras organizaciones como Transparencia, Ciudadanos Al Día, el Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ProEtica, Ni Una Menos – Perú, PROMSEX, Soluciones Prácticas, DAR, Wiphala, Cruzada Vial y Propuesta Ciudadana. La presentación y publicación de planes de gobierno es un requisito de obligatorio cumplimiento para participar en las elecciones del 7 de octubre. El plazo máximo para presentarlo es el 19 de junio, conjuntamente con las listas de candidatos y candidatas.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
Estamos muy contentos de presentar en sociedad Tacita.club, uno de los proyectos de la Liga Juvenil de Defensa de la Internet acelerados por Hiperderecho. Se trata de una página web abierta y gratuita para que cualquiera pueda compartir con otros sus guías de estudio y apuntes de cualquier curso universitario. La web está disponible desde este mes para todos y esperamos ver crecer su repositorio de documentos en las próximas semanas.
El problema
El año pasado, nuestros amigos de la Liga Juvenil empezaron con la pregunta sobre cómo la tecnología puede ayudar a mejorar la vida de un estudiante promedio. Conversamos sobre varios problemas diarios como encontrar los mejores lugares para estudiar dentro del campus, facilitar transacciones comerciales entre estudiantes de alquiler o compraventa, acceder a reseñas honestas de cursos anteriores, coordinación de carpooling para estudiantes que viven lejos, entre otros.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
¿Qué novedad trae esta propuesta? Este nuevo proyecto, impulsado por el congresista Miguel Castro, no está dirigido específicamente a combatir la pornografía de venganza sino más bien la difusión de material pornográfico a través de medios de difusión masiva como Internet. Por el mismo motivo, no propone la creación de nuevos delitos sino añadir un párrafo adicional a los artículos 154 y 177 del Código Penal para incrementar las penas en los casos en que se revelen partes íntimas de una persona o el acto sexual y estos sean difundidos por medios de comunicación, redes sociales, Internet, entre otros.
En la Exposición de Motivos se indica que existe la necesidad de castigar con mayor severidad la difusión de este tipo de material, pues actualmente no existen muchas personas condenadas por la comisión de este delito. Sin embargo, el Proyecto no aporta estadísticas sobre la incidencia de la difusión de pornografía no consentida ni el número de denuncias o procesos en curso. Tampoco se citan casos u otros elementos que permitan tener una noción de la realidad existente en el país, lo que limita todo el análisis a suposiciones en abstracto.
Tal como lo decíamos a propósito de la primera propuesta presentada por el congresista Marvin Palma, encontramos que la intención de regular esta conducta es valioso. No obstante, existen algunos puntos que deben ser corregidos con el fin de ampliar el valor del Proyecto de Ley del congresista Castro.
Correcciones necesarias
Consideramos que, a nivel de técnica legislativa, la modificación de un delito específico para “actualizarlo” es preferible a la creación de uno nuevo. Esto, que es un mérito de forma de la propuesta de Miguel Castro, pierde su fuerza cuando revisamos el fondo, que es la manera en que está redactada dicha modificación. En el caso del artículo 154, el párrafo que se añade dice lo siguiente:
(…) Si la intimidad que se revela son las partes íntimas de una persona o un acto sexual, la pena privativa de la libertad será no menor de 3 años ni mayor de 6 años. Si se utiliza cualquier tipo de medio de comunicación social o de tecnología de la información sean redes sociales, internet u otras, la pena será no menor de 4 años ni mayor de 8 años.
Entendiendo que la conducta que se desea castigar es la difusión del material íntimo, establecer de forma taxativa los medios por los cuales este se puede transmitir viola el principio de neutralidad tecnológica, lo que para efectos prácticos deja fuera otros medios que puedan usarse dejándolos impunes, de la misma forma que a los que se inventen en el futuro. Además, ¿existe algún tipo de diferencia entre las redes sociales e Internet? ¿No es una interdependiente de la otra? ¿De qué manera es posible revelar material íntimo sin usar algunos de los medios que conllevan a la pena de 4 a 8 años? No queda claro cuáles son las respuestas a estas preguntas, lo que podría corregirse con un lenguaje más claro y sin mencionar tecnologías específicas sino sólo acciones o “verbos rectores”, como diría un penalista.
Asimismo, en la modificación planteada al artículo 177, se pretende añadir el siguiente párrafo:
(…) Para los delitos previstos en los artículos 170, 171, 172, 174, 175, 176 y 176-A, si el agente registra cualquiera de estos actos a través de cualquier medio visual o audiovisual o realiza la transmisión por cualquier tecnología de la información sean redes sociales u otras, se incrementará en 3 años la mínima y máxima aplicables al delito que se registre o transmita.
Por como está redactado este artículo, el agravante ya no solo se consuma con la difusión sino simplemente con el registro mismo del delito a través de cualquier medio. Es decir, basta con que un delincuente capture una imagen o un video para que se aplique una mayor pena. ¿Esto ha sido hecho a propósito? A diferencia del delito de violación de la intimidad, los delitos comprendidos en el artículo 177 son diferentes modalidades de violación sexual o actos contra el pudor que conllevan penas muy altas, de cadena perpetua inclusive (en el delito de violación sexual de menor de diez años). Además, no puede decirse que estos delitos no sean denunciados o que no existan otras políticas para disminuir su incidencia. En ese sentido, este apartado sufre el peligro de ser redundante o intrascendente.
Finalmente, como decíamos casi al inicio, al no ser un esfuerzo enfocado precisamente en la pornografía de venganza, sigue dejando el vacío que existe en la legislación actual para castigar penalmente la difusión de material íntimo que ha sido obtenido sin violar la intimidad (y sin haberse cometido otro delito). En ese sentido, la propuesta de Marvin Palma sí abría el margen para que una persona relacionada con la víctima (exnovio, cónyuge, jefe, etc.) pudiera ser procesada por difundir pronografía no consentida obtenida a través de dicha relación. Tampoco vemos una respuesta a otro tema importante que es la permanencia de estos contenidos en Internet u otros medios. En muchos casos, aún sentenciando a los culpables, estos materiales íntimos pueden seguir circulando libremente, lo que no parece haber sido tomado en cuenta.
Por todo ello, y dado que ambos proyectos van a ser revisados por la misma Comisión, nos parece el momento perfecto para que estas propuestas conversen entre ellas y puedan unificarse en una que recoja lo mejor de ambas. Mientras tanto, sería ideal que otros grupos de interés también se pronuncien al respecto, aportando elementos de juicio, experiencias y opiniones valiosas para dar forma a esta política pública que puede ser realmente valiosa y útil si todos nos comprometemos con ello.
Puedes consultar estos y otros argumentos en la carta que hemos enviado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a propósito de este Proyecto de Ley.
Como parte de nuestro trabajo de facilitar derechos y libertades mediante tecnología, hoy compartimos una pequeña aplicación que desarrollamos recientemente para monitorear sitios web en búsqueda de cambios. La llamamos «guachidog» y está disponible desde hace unos días en GitHub de Hiperderecho.
El problema
En nuestro trabajo diario de monitoreo legislativo, una de las cosas más comunes que tenemos que hacer es constantemente visitar sitios web en búsqueda de cambios y novedades. La mayoría de sitios web que revisamos son sitios del estado, que no tienen funcionalidades más prácticas como feeds RSS, o suscripción a notificaciones. Así que no queda de otra más que presionar «refresh» (o recargar) una y otra vez, hasta que nos olvidemos, o encontremos lo que buscamos.
La solución
Con ese problema en mente nos preguntamos cómo podríamos automatizar el proceso, y nuestra idea fue crear una aplicación que revisara automáticamente los sitios web que le indicásemos. Para no duplicar trabajo revisamos todas las alterantivas ya existentes, y a pesar que nos gustaron algunas (y especialmente perma.cc), los requisitos y recursos que instalarlas y mantenerlas requerían eran demasiado. Nuestro objetivo era crear algo extremadamente simple de mantener, y que cualquier otra organización similar a la nuestra, quizá sin director de tecnología, pudiese echar a andar en poco tiempo y con pocos recursos.
[insertar youtube]
Así fue como decidimos basarnos en newsdiffs, una aplicación web desarrollada en un Mozilla Hackfest por X, Y y Z. Decidimos desarrollar el código más sencillo posible para facilitar que otros usuarios pudiesen fácilmente modificarlo. Sacrificamos algo de elegancia por simpleza y facilidad para quienes echen a andar el sistema, que asumimos no son programadores ni técnicos muy experimentados.
Guachidog
Hemos creado un sitio web con algunos detalles más sobre guachidog, así como una guía de instalación [link github], y un video demostrativo [link yt]. Para cualquier duda sobre el sistema pueden contactar a nuestro director de tecnología, diego@hiperderecho.org. Esperamos que esta base sea útil e incentive a implementaciones y modificaciones que sean útiles en el trabajo de monitorear la web.
Este artículo es parte de una serie que busca compartir con el público los avances de los proyectos de Investigación de Hiperderecho. En este primer post, describimos los objetivos y metodología del proyecto de violencia de línea y por qué es esencial estudiar esta problemática desde un enfoque de género.
En Hiperderecho defendemos el derecho de todxs a usar la tecnología de manera libre y segura, independientemente de su identidad de género, raza, clase, orientación sexual y habilidades. Por eso en Abril, estamos lanzando un nuevo proyecto de investigación que busca darle la cara a una de las principales barreras al acceso equitativo a Internet – la violencia de género en línea,
Como les hemos contado, la violencia en línea es una de las modalidades de violencia más cotidianas a nivel global. Una reciente investigación por Amnistía internacional identificó más de cinco tipos de violencia en línea, entre ellas el acoso virtual, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el robo de identidad, el ataque coordinado a perfiles, y otros ataques que buscan silenciar y agredir a mujeres alrededor del mundo.
También sabemos que a pesar del alto índice de violencia, no lo estamos reportando.Según el mismo estudio, el 60% de casos no son investigados por las autoridades. En India se encontró que 36% de las mujeres encuestadas decidieron no reportar el acoso y en Paquistán, que el 70% de las mujeres sienten miedo al subir contenido a perfiles personales y prefieren evitar la violencia limitando su actividad en línea.
En el caso de Perú, a pesar de un primer esfuerzo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por abordar el acoso virtual, aún no conocemos la magnitud del problema ni sus características. El proyecto que estamos empezando en Hiperderecho buscará justamente entender las distintas modalidades violencia en línea, quiénes son las más afectadas y de qué manera está ahondando formas de discriminación y violencia que ya son predominantes en el país.
La violencia en línea desde un enfoque de género
Con este proyecto queremos mandar un mensaje claro: que la violencia en línea sigue siendo violencia, y que las experiencias que tenemos en línea no son sino el reflejo de las brechas sociales e injusticias que ya existen fuera. Aunque la mediación de la violencia por la tecnología nos sugiere que es algo externo a nuestros cuerpos, debemos superar este prejuicio y desafiar nociones que separan al cuerpo de la tecnología y a lo real de lo virtual. La violencia en línea es un mal que tiene consecuencias tanto simbólicas, como materiales, atentando no solo con nuestra salud mental, sino en muchos casos, volviéndonos más vulnerables a la violencia física y sexual.
Por esta razón, es esencial estudiar a la violencia en línea desde un enfoque de género, que comprende este problema como un fenómeno social situado en el continuo de violencia sistémica que afecta de manera desproporcionada a la mujer peruana. Nos permite enfrentar el problema en su verdadera dimensión, identificando cómo las agresiones en línea no son actos aislados, sino hechos que están en constante interacción con los mecanismos de opresión y exclusión social que ya afectan a la sociedad peruana, como la discriminación basada en orientación sexual, raza, clase socioeconómica y otras identidades sociales presentes en la diversa sociedad peruana.
Hacia la resistencia feminista en Internet
Este marco también nos permite enfocarnos en la experiencia de violencia desde el punto de vista de quien la sufre, en vez de investigar el problema sólo desde el acto. Nos preguntamos: ¿qué siente una persona que sufre agresiones en línea? ¿La reconoce como violencia o considera ese comportamiento normal o inevitable en entornos digitales? ¿Afecta su autoestima y su sentido de pertenencia en Internet? ¿Cómo es su vida después de la violencia en línea – sigue ejerciendo su derecho a participar en línea o renuncia a ello por el miedo que le genera? Son estas historias las que pondrán en evidencia la gran carga que sobrellevan las sobrevivientes de violencia cuando usan Internet, y cómo espacios digitales se convierten en nuevas arenas de desgaste, tensión y activismo.
Entender en detalle las experiencias de violencia en línea y ubicarla en la realidad peruana es además el punto de partida para reimaginar nuestra relación con la tecnología. Esto nos permite participar de movimientos globales como el tecnofeminismo y la lucha por una Internet feminista que reconocen que nuestras vivencias en línea son tan válidas y reales como las que vivimos fuera, y reflexionar desde nuestra localidad sobre ¿qué tipo de Internet queremos?, ¿y qué debemos hacer desde nuestras comunidades para que sea realidad?
Con los hallazgos de esta investigación buscamos levantar un frente de resistencia feminista y autodefensa digital desde el que brindaremos estrategias de autocuidado y sistemas de soporte para facilitar la protección en contra de la violencia en línea, así como su denuncia. Esperamos que conjuntamente con quienes participen en este proyecto, podamos crear un espacio que donde todas las mujeres y minorías identitarias puedan estar cada vez más informadxs y preparadxs, para así disfrutar de una vida sin violencia, tanto en los espacios físicos como en los virtuales.
Si alguien pensó que el 2018 sería un año tranquilo para la tecnología, se equivocó. Siguiendo nuestra labor de monitoreo legislativo, queremos referirnos en esta ocasión al Proyecto de Ley N° 02260/2017-CR [PDF] presentado por el congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú a finales del año pasado. Este Proyecto propone reconocer como vínculo laboral las relaciones que mantienen los conductores que usan aplicaciones de taxi y las empresas que habilitan estas plataformas, con el fin de que los primeros reciban diferentes beneficios como vacaciones, pago sobre tiempo, entre otros.
Los proponentes afirman que el vínculo laboral existe porque en la práctica las empresas que disponen de estas plataformas tecnológicas realizan el mismo servicio de transporte que las empresas de taxi tradicional. Siguiendo esta lógica, si las empresas de taxi tradicional están obligadas a contratar a sus conductores y otorgarles beneficios laborales, las empresas que usan aplicaciones deberían hacer lo mismo. Para sostener su postura, citan algunos estudios realizados en Estados Unidos y dos fallos judiciales en Brasil y Reino Unido.
Hace unos meses se presentó en el Congreso el Proyecto de Ley N° 1598/2016-CR que propone modificar el artículo 323 del Código Penal, el cual tipifica el delito de discriminación. El objetivo es incluir nuevos supuestos de hecho a los ya existentes y aumentar las penas con el objetivo de que, en sus modalidades agravadas, la discriminación pueda ser castigada con prisión efectiva. Su impulsor principal, el congresista César Segura (Fuerza Popular, Ica), afirma que esto es necesario para combatir este grave mal que afecta a la sociedad peruana.
El año pasado, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la violencia hacia la mujer decidió incorporar como temática los desafíos generados por la violencia en línea. Para ello, realizó una convocatoria con la finalidad de conocer el estado actual de países latinoamericanos y del Caribe en relación a esta problemática. La consulta incluía modelos legislativos y políticas existentes que se hayan elaborado en los países para la prevención, protección, sanción y reparación de las personas afectadas por esta problemática.
De esta manera, a finales del año pasado, Hiperderecho junto a otras organizaciones de la región que trabajan temas de derechos humanos en contextos digitales nos organizamos para trabajar en conjunto y elaborar el reporte. Nosotros levantamos información sobre casos emblemáticos y marcos legales del Perú, que podrían brindar un panorama general de cómo se va trabajando el tema de violencia de género en línea en nuestro país. El reporte fue editado por la investigadora Paz Peña Ochoa en representación de ADC (Argentina), Coding Rights (Brazil), Derechos Digitales (Chile), Internetlab (Brazil), Karisma (Colombia), IPANDETEC (Panamá), R3D (México), y TEDIC (Paraguay).
Las últimas semanas del año pasado estuvieron marcadas por una crisis política muy profunda. Este ruido político escondió otros temas que, en forma circunstancial o deliberada, pasaron desapercibidos en el debate nacional. Uno de ellos es la propuesta de dos parlamentarios de la bancada de Fuerza Popular para modificar el Reglamento del Congreso y dotar a las Comisiones Investigadoras de la capacidad de solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Esta preocupante propuesta, que fue exonerada de estudio en Comisión para acelerar su aprobación, significaría darle al Congreso una potestad que muy pocas instancias estatales tienen y pondrían las comunicaciones de cualquier persona a mercer de los congresistas de turno.
contenida en los dos proyectos de Resolución Legislativa
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
