Autor: Carlos Guerrero

Ex Director de Políticas Públicas (2013-2020)

Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Congreso busca crear el Sistema Peruano de Nombres de Dominio

En agosto, el congresista Percy Eloy Alcalá presentó el Proyecto de Ley N° 3169/2018-CR que propone la creación del Sistema Peruano de Nombres de Dominio, el cual estaría regido por un Consejo de Políticas encargado de gestionar el desarrollo del dominio .pe en el país. Dicha entidad estaría conformada por actores públicos y privados y buscaría reemplazar el esquema actual de gestión que mantiene la Red Científica Peruana (RCP).

Gestión del ccTLD.pe y el papel de la RCP

En Hiperderecho consideramos que la propuesta es positiva en la medida en que reconoce la importancia que tiene para el país el desarrollo del ecosistema alrededor de los nombres de dominio. En un artículo anterior explicamos con mayor detalle qué eran los ccTLD y los nombres de dominio, además de su importancia para la forma cómo funciona Internet. No obstante, hay algunos puntos de este nuevo Proyecto de Ley que necesitan ser revisados.

El Sistema Peruano de Nombres de Dominio que propone el Proyecto de Ley divide al ecosistema actual de actores en función de su participación directa o indirecta en la gestión del ccTLD.pe. En ese sentido, crea los siguientes roles:

  1. Consejo de Políticas del Sistema Peruano de Nombres de Dominio
  2. Administrador del ccTLD .pe
  3. Órganos de resolución de controversias relacionados al ccTLD .pe
  4. Comercializadores de nombres de dominio del ccTLD .pe
  5. Usuarios de nombres de dominio del ccTLD .pe, comunidad nacional de
    Internet

Leer más

Congreso propone sistema de interoperabilidad electrónica para combatir la violencia contra la mujer

Este ha sido un año muy activo en términos de propuestas de ley relacionadas con la tecnología. Hace unos meses, la congresista Alejandra Aramayo presentó una iniciativa que busca crear un sistema electrónico para coordinar el trabajo de diferentes entidades del Estado en la lucha contra la violencia ejercida sobre la mujer. Este sistema busca hacer más sencillo también el proceso de denuncia y seguimiento de los casos por parte de las víctimas.

Sobre el sistema interoperable

El Proyecto de Ley N° 02888/2017-CR (PDF) presentado por la congresista Aramayo nos parece positivo, pues se suma a una corriente de esfuerzos por mejorar la situación de la mujer en el país y busca mejorar la capacidad del Estado para afrontar la violencia de género. No obstante, tenemos algunos comentarios acerca de la propuesta.

Es necesario tener en cuenta que desde hace varios años se viene promoviendo dentro del Estado la interoperabilidad entre los sistemas de almacenamiento y consulta de información de todo tipo, con el fin de aumentar la eficiencia y la oferta de servicios al ciudadano a través de medios electrónicos. En ese sentido, vale la pena revisar los alcances de plataformas interoperables activas como Plataforma de Interoperabilidad del Estado-PIDE y la normativa sobre interoperabilidad que podría resultar aplicable como el Decreto Supremo Nº 067-2017-PCM, que establece plazos a las entidades de la Administración Pública para la implementación de la interoperabilidad.

Por otro lado, en la iniciativa no queda muy claro en qué medida la información contenida en el sistema interoperable será puesta a disposición de las víctimas y el público en general. En ese aspecto, es necesario definir los límites al acceso y el uso, además de los medios de autentificación. Por ejemplo, si se quiere permitir hacer denuncias de violencia por Internet, ¿se implementará una web de denuncias? ¿Cómo podrán seguirse estas denuncias? ¿Cómo se evitará que los presuntos infractores sepan que están siendo denunciados y eludan así la justicia?

Leer más

Presentan Proyecto de Ley para crear un registro web de personas desaparecidas

Hace unos meses la congresista Estelita Bustos presentó un nuevo Proyecto de Ley en el Congreso para crear el portal web del Registro Nacional de acceso público para difundir la información de las personas desaparecidas. Mediante esta iniciativa se busca reemplazar un sitio web que actualmente es inaccesible y facilitar la labor de las autoridades, además de ofrecer herramientas a la ciudadanía para contribuir con la búsqueda e identificación de las víctimas.

¿Qué propone?

El Proyecto de Ley N° 02875/2017-CR propone crear un portal web del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que sea de acceso público para difundir la información de las personas desaparecidas y/o extraviadas, menores o adultas y las fallecidas no identificadas con la denominación de “NN.” También incluye a las personas internadas en nosocomios o institutos de salud mental y los que se encuentren privados de su libertad o no disciernen su identificación, con el fin de su inmediata localización.

Leer más

Comités de Gobierno Digital en todas las entidades públicas, ¿para qué servirán?

En mayo de este año, a través de la Resolución Ministerial Nº 119-2018-PCM, la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros expidió una norma que dispone la creación de Comités de Gobierno Digital en todas las entidades de la Administración Pública. Esta parece ser la nueva apuesta del gobierno para lograr la tantas veces mencionada “transformación digital”.

¿De qué se tratan estos Comités de Gobierno Digital?

Con la promulgación de esta norma, ahora todas las entidades públicas están obligadas a conformar en su interior un Comité para elaborar el “Plan de Gobierno Digital”, que es un instrumento que señalará cómo se desarrollarán las directivas y lineamientos de gobierno electrónico que dispone la Secretaría de Gobierno Digital. Además, el Comité se encargará de evaluar todas las propuestas de desarrollo de políticas públicas sectoriales que empleen la tecnología.

Leer más

Autoridad de Transparencia confirma que correos electrónicos de funcionarios son de acceso público

Hace poco más de un mes anunciamos que nuestra Acción Popular contra el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353 había sido admitida a trámite. Esta demanda fue presentada por Hiperderecho con el fin de que se declare inconstitucional parte del Reglamento de la Ley de Transparencia que impide el acceso a la información pública contenida en correos electrónicos de funcionarios del Estado. Mientras esperábamos la respuesta, a fines del mes pasado la Autoridad Nacional de Transparencia emitió una opinión acerca de este Reglamento en donde confirma la validez de nuestros argumentos y establece con carácter vinculante que el acceso público también alcanza a los correos electrónicos y aplicaciones de mensajería.

Los problemas del Reglamento de la Ley de Transparencia

El año pasado se publicó el Decreto Legislativo N° 1353 que creó la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un paso adelante en la lucha contra la corrupción, pero que criticamos también por diferentes problemas de forma y de fondo. En setiembre de ese mismo año, se publicó su Reglamento, en el cual descubrimos nuevos problemas. Tal vez el más grave de ellos era que una de las Disposiciones Complementarias del Reglamento modificaba la Ley de Transparencia para establecer de forma ilegal que la información contenida en ciertos soportes no sería de acceso público:

Leer más

Presentan otro Proyecto de Ley para declarar a Internet como derecho humano

Hace unos días comentamos que el congresista Mauricio Mulder presentó un Proyecto de Ley para declarar a Internet como un derecho humano. Esta noticia, que podría parecer atípica, parece ser el inicio de una serie de propuestas legislativas en torno a las implicancias de elevar el acceso a las TIC al rango de derecho fundamental. El siguiente paso lo ha dado la congresista Estelita Bustos que ha ido más allá y propone una reforma de la Constitución.    Leer más

Presentan Proyecto de Ley para declarar el acceso a Internet como derecho humano

Proponer leyes que regulan diferentes aspectos de Internet ha dejado de ser una novedad en el Congreso. Cada vez son más los legisladores que suman iniciativas en este ámbito, desde los que proponen nuevos delitos cometidos a través de las TIC hasta quienes quieren imponer estándares para el ofrecimiento de transporte por aplicaciones. Sin embargo, la propuesta presentada el 2 de mayo de este año, por el congresista Mauricio Mulder, llama la atención pues sugiere algo poco común: Declarar el acceso a Internet como un derecho fundamental.

Una discusión filosófica

El Proyecto de Ley 2780-CR trae a colación un viejo debate acerca de la necesidad de este tipo de declaraciones. Por un lado, los críticos afirman que al ser solo un medio, Internet no es diferente de otras tecnologías que han existido en el pasado y cuyo uso ha supuesto un cambio en la forma de vida de las personas. En ese sentido, Vinton Cerf opinaba en contra de estas medidas, pues alertaba que elevar una herramienta a la categoría de “derecho” podía ser contraproducente.

Del otro lado, quienes están a favor argumentan que al hacerlo hay  mayor potencial para exigir el acceso Internet a los gobiernos. De la misma forma que ocurre cuando se invocan otros derechos de rango constitucional como el agua, la salud o la libertad de expresión. Quizás la máxima expresión de esta idea son las “Constituciones de Internet”, documentos que han sido elaborados en la última década con el fin de crear marcos legales más específicos para regular esta tecnología. Algunos ejemplos son el Marco Civil de Internet de Brasil, la Constitución Italiana de Internet, etc.

Antecedentes

A pesar de que suena a novedad, esta idea ya había sido planteada en el Congreso anterior por el congresista Mesías Guevara, en su Proyecto de Ley N° 2294-2012. El cual buscaba incorporar en la Constitución que toda persona tiene derecho al acceso a Internet con conexión de banda ancha y a servicios de telecomunicación de calidad. Lamentablemente, en su momento no recibió mayor atención y actualmente está inactiva.

La propuesta de Mulder parece haber llegado en un momento más propicio para este tipo de discusiones por lo que no sería extraño que esta pueda tener mayor éxito que su antecesora. Cabe resaltar que ambas comparten la idea de que el Estado debe hacer más por promover el acceso y profundizarlo en áreas como la educación, el gobierno electrónico y la industria productiva.

LACIGF 11: cambios, retos pendientes y futuro de la gobernanza multistakeholder

Ha pasado un poco más de un mes desde la 11 Reunión Regional Preparatoria para el Foro de Gobernanza de Internet (LACIGF), que se realizó desde el 31 de julio al 2 agosto del presente año en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Como habíamos anunciado en julio, el equipo de Hiperderecho participó activamente de este evento además de otros que se realizaron antes, durante y después. De la misma forma que en las ediciones de 2016 y 2017, este año también tenemos algunos comentarios.

¿Qué es el LACIGF?

Para los no familiarizados con el término, LACIGF son las siglas de “Foro de Gobernanza de Internet de Latinoamérica y el Caribe”. Este evento reúne a los actores de este lado del mundo para discutir sobre temas de interés regional relacionados al desarrollo de Internet. Aunque no son espacios conectados, LACIGF es una suerte de antesala del Foro de Gobernanza de Internet. Una antesala en donde convergen ideas, propuestas y, por supuesto, conflictos.

Leer más

¿Qué significa tener una definición de “Seguridad Digital”?

El día 15 de mayo de este año, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha expedido el Decreto Supremo Nº 050-2018-PCM que aprueba la definición de “Seguridad Digital”, un concepto que venía trabajando a través de la Secretaría de Gobierno Digital (ex ONGEI) desde el año pasado. Este es un paso previo al desarrollo de un Plan Nacional de Ciberseguridad, una política pública importante pero hasta ahora ausente en nuestro incipiente ecosistema digital.

Antecedentes

¿Por qué es importante que la PCM haya definido qué es Seguridad Digital? Principalmente por dos motivos: El primero es que esta definición le da un fina feliz a una controversia surgida el año pasado con motivo de un Proyecto de Ley que comentamos en su momento. Dicho Proyecto proponía la ampliación de competencias de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) dentro del Sistema Nacional de Inteligencia (SINA) en materia de ciberseguridad, pero no lo hacía del todo bien: se superponían competencias, se entregaba demasiado poder a la DINI, se dejaba sin piso a espacios de coordinación participativos, etc. Felizmente, luego de varias Mesas de Trabajo, el Proyecto se mejoró y solo quedaba pendiente la definición que iba elaborar la PCM y que ahora ya tenemos.

Leer más

Convenio de Budapest espera (otra vez) para ser aprobado en el Congreso

Dicen que a la tercera es la vencida o al menos eso debe esperar el Poder Ejecutivo, que el 4 de mayo presentó nuevamente un Proyecto de Resolución Legislativa dirigido a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso con el fin de que se ratifique la Convención sobre Cibercriminalidad (mejor conocida como el Convenio de Budapest). La ratificación de este Convenio, que viene siendo impulsado desde hace varios años, ha sufrido todo tipo de retrasos e inconvenientes, que esta vez parecen haber sido superados.

Para quienes no lo conocen, el Convenio de Budapest es el primer tratado en el mundo que busca crear un marco comprensivo de acción contra los delitos informáticos a través de tres líneas de trabajo: (1) la creación de un marco penal común, (2) la estandarización de procesos de investigación, y, (3) el fortalecimiento de la cooperación internacional. Creado y aprobado en el seno del Consejo de Europa, ha sido suscrito también por países de diferentes regiones que buscan fortalecer su lucha contra estos delitos.

Perú, como otros países de Latinoamérica, ha visto crecer en los últimos años los delitos cometidos a través de tecnologías de la información y la comunicación. Ante su avance, se han ensayado diferentes respuestas, entre ellas la creación de normas específicas de delitos informáticos, la institucionalización de unidades de respuesta y la aplicación de un marco legal que proteja al Estado y a sus ciudadanos de las amenazas presentes en el ciberespacio. En ese contexto, la adhesión al Convenio de Budapest se vió como un paso más dentro de estos esfuerzos.

Leer más