Cada vez es más común encontrar en Internet diferentes mecanismos de bajada de contenido automáticos, debido principalmente a las normas de protección de los derechos de autor

1. ¿En qué consiste?

Una de las principales razones del crecimiento y expansión de Internet se debe a la facilidad y el bajo costo de innovar y ofrecer nuevos productos y servicios a través de esta tecnología. No obstante, esto hace que también sea relativamente fácil que como producto de las actividades en línea se causen daños a terceros. Tal vez uno de elementos más vulnerables en Internet son los contenidos protegidos por derechos de autor.

Los mecanismos de bajada de contenidos por derechos de autor, son herramientas que permiten solicitar la eliminación de contenidos de forma rápida e incluso automática, a sola petición del presunto afectado. A diferencia de los filtros y los bloqueos de Internet, que suelen requerir leyes específicas u órdenes judiciales y operan siempre ex post; los mecanismos de bajada están concebidos para ser utilizados como instrumentos de censura previa.

Estos mecanismos tienen su origen en diferentes tratados internacionales en materia de derechos de autor. Uno de los más antiguos es la Digital Millennium Copyright Act (DMCA), una norma en Estados Unidos promulgada en 1996 que estableció que los intermediarios que faciliten la violación de derechos de autor también pueden ser responsables también por la comisión de estos delitos. En Europa también se adoptó en 2001 una Directiva sobre derechos de autor, pero que no logró ser armonizada de forma eficiente entre todos los miembros de la Unión.

Una de las consecuencias más tangibles de estos mecanismos es que se asientan sobre exigencias muy generales sobre derechos de autor, lo que incrementa considerablemente el riesgo para las plataformas de Internet, que suelen tomar la decisión de restringir la forma en que sus usuarios las utilizan, para no ser penalizadas. Si bien existe un legítimo interés en proteger los derechos de autor, la forma en que funcionan estos mecanismos se presta para usos perversos e incluso para bloquear la competencia en el mercado o recortar la libertad de expresión.

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Existen múltiples iniciativas alrededor del mundo que buscan crear delitos o incrementar las penas de los que ya existen cuando se afecta el honor y la reputación de una persona a través de las redes sociales

1. ¿En qué consiste?

Los delitos contra el honor y la buena reputación son un conjunto de normas creadas con el fin de proteger la imagen pública y privada de individuos u organizaciones frente a cualquier acto que busque menoscabarlos. Dependiendo del país, estas conductas pueden recibir desde sanciones civiles (multas, indemnizaciones) hasta condenas de prisión efectiva. La gravedad de las penas depende del tipo de delito, el nivel de afectación del honor y la situación en que este hecho se ha producido.

En los sistemas de derecho clásicos, los delitos contra el honor suelen clasificarse en tres tipos: injuria, calumnia y difamación. La injuria incluye comúnmente los agravios de cualquier tipo que se profieren de forma personal. La calumnia se produce cuando se atribuye falsamente a otro la comisión de un delito. Finalmente, la difamación es similar a la injuria, pero con la diferencia de que los agravios son hechos públicamente y ante una audiencia considerable.

En los países en donde los delitos contra el honor se castigan penalmente, la irrupción de Internet ha fomentado en ciertos casos la aparición de lagunas de interpretación y vacíos normativos. Esto ha motivado que, en ciertos casos, se modifiquen las normas penales para que incluyan a Internet como medio a través del cual se pueden cometer delitos contra el honor. Pero a la par de esto, también han aparecido propuestas de incrementar las penas en dichos casos, teniendo en cuenta el mayor poder de difusión de esta tecnología.

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El Derecho al olvido es una teoría legal que busca usar el sistema de protección de datos personales contra buscadores y medios de comunicación.

1. ¿En qué consiste?

En sentido amplio, la doctrina del Derecho al Olvido apunta a que las acciones o preferencias de un individuo no deberían de quedar registradas para siempre. Se materializa en derechos como la eliminación de condenas penales cumplidas o la de historial crediticio antiguo. En sentido más estricto, es una corriente legal y jurisprudencial que busca usar las normas de protección de datos personales contra nuevos tipos de responsables de tratamiento como buscadores de Internet, webs, blogs, entre otros. En particular, busca que los titulares de datos personales pueden ejercer contra estos agentes su derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales en sus bases de datos. Dependiendo del país, esta doctrina ha sido reconocida a nivel administrativo o judicial, y se suele ejercer frente a los intermediarios de Internet.

Posiblemente el caso más famoso es el de Mario Costeja contra Google, en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que los ciudadanos europeos tienen derecho a solicitar la desindexación de contenidos que no sean actuales, sean inexactos o no revistan interés público por aplicación directa de la legislación sobre protección de datos personales. A partir de allí, este derecho está reconocida en la Unión Europea y diferentes países de todo el mundo lo han reconocido como parte de su normativa de protección de datos personales a través de modificaciones legislativas o sentencias.

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El bloqueo de páginas webs ordenado por el Estado es una de las más grandes amenazas a la libertad de expresión de nuestros tiempos

1. ¿En qué consiste?

Una de las principales razones del crecimiento y expansión de Internet se debe a la facilidad con la que se puede adquirir un espacio servidor o dominio web y, a partir de este, el poder empezar a compartir contenidos con la mayor libertad posible. Ello ha generado efectos muy beneficiosos, como reducir enormemente los costos de acceso y compartición de información. No obstante, junto con ello, también es cierto que estos beneficios también alcanzaron a aquellos contenidos que, dependiendo de cada Estado, podrían considerarse ilegales.

De esta manera, los diferentes Estados emiten órdenes en todo el mundo para bloquear contenidos que estos consideren ilegales. No obstante, el problema gira en torno a determinar con cuántas garantías se realiza el procedimiento de bloqueo (si es una decisión de Gobierno o si es una decisión de un juez) y si los contenidos que pueden ser considerados ilegales están de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos.

La problemática gira en torno a los límites que tienen los Estados para determinar qué contenido es ilegal y ordenar su retiro o bloqueo. Nuestras libertades, en especial la libertad de expresión e información, se ven amenazadas ante un uso indiscriminado y no proporcional de estas potestades.

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Los jueces de distintos países, al momento de resolver controversias, toman decisiones que influyen en Internet y pueden afectar su configuración actual

1. ¿En qué consiste?

Entre personas, empresas y el Estado existen relaciones basadas en intereses que a veces entran en conflicto y alguno de estos actores puede llevar su caso a juicio para defender dichos intereses. Algunos de estos procesos giran en torno a la defensa de intereses empresariales como derechos de propiedad intelectual, intereses de personas que ven afectado su honor, o que el Gobierno busque detener actos que considera inadecuados. La variedad de causas es tan amplia, que no es extraño que algunas de ellas giran en torno a situaciones que pueden afectar Internet.

Antes de la aparición del fenómeno global de Internet, ciertos aspectos de los juicios eran ciertamente sencillos de determinar: A quién demandar, qué juez está habilitado para conocer el juicio, cómo puede resolver dicho juez para solucionar el conflicto; y, sobre todo, en dónde surte efectos de lo decidido (en el país donde se emite la decisión). Sin embargo, a partir de los cambios tecnológicos que se dan a finales del siglo XX, estos aspectos ya no son tan sencillos de determinar.

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Existe una fuerte presión en el mundo por impedir la libre circulación de ciertos contenidos en Internet a través de la imposición obligatoria de filtros de acceso. Dependiendo de cada país, este tipo de iniciativas pueden ser legítimas y necesarias, pero también abren las puertas de una censura selectiva e indiscriminada  

1. ¿En qué consiste?

Los filtros de contenido son herramientas que impiden a un usuario acceder a diferentes tipos de contenido: sitios web, aplicaciones, plataformas, servicios sobre Internet, etc. Existen varias categorías, desde los que se instalan a propósito en una terminal (computadora, teléfono móvil) y por lo tanto solo afectan el tráfico de red local, hasta los que se imponen a gran escala de forma inopinada; como los filtros a nivel de servidor, dirección IP, nombre de dominio, entre otros.

Generalmente, los filtros a gran escala requieren de acceso privilegiado a la infraestructura física o lógica de Internet, por lo que este tipo de medidas suele ser dispuesta por los gobiernos. Los motivos empleados para justificar el bloqueo del libre tránsito de los contenidos es extensa: combate al crimen, seguridad nacional, orden interno, violación a derechos civiles y políticos, disposición judicial, legislación de censura, etc. En países democráticos el filtro de contenidos es excepcional y existen procedimientos específicos para llevarlos a cabo. Por el contrario, en países menos democráticos, el filtro depende en gran parte de la voluntad e intereses de los gobernantes.

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Países alrededor del mundo están requiriendo a las empresas que manejan datos personales que tengan servidores físicos localizados entre sus fronteras. Ello puede conllevar limitaciones a la competencia entre empresas de tecnología y a la privacidad de las personas.

1. ¿En qué consiste?

Los gobiernos de distintos países están implementando nuevas normas que obligan a empresas de tecnología que traten con datos personales de sus ciudadanos a que almacenen estos datos en servidores físicamente ubicados dentro de su territorio. Es decir, plantean que empresas como Amazon o Microsoft, que tratan datos personales de todos sus usuarios, tengan necesariamente servidores físicos que almacenen estos datos dentro de las fronteras del país de donde son sus usuarios. Aún más, hay propuestas regulatorias tendientes a limitar o prohibir que los datos personales de los ciudadanos de un país salgan de este y sean tratados en otros países total o parcialmente.

Hoy en día casi todas las empresas de tecnología manejan datos personales de personas que utilizan sus plataformas (nombres, teléfonos, transacciones, hasta datos médicos, etc). Estos datos son almacenados en servidores o computadores ubicados en distintas partes del mundo, según lo decida la empresa. A veces por motivos de seguridad y otras por asegurar un nivel de privacidad adecuado, ciertos países han empezado a exigir que estas empresas ubiquen sus servidores dentro de su territorio nacional para que puedan ofrecer sus servicios.

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