Nuestro ciclo Conexiones regresa la próxima semana. El próximo lunes 4 de febrero tendremos la edición número 13 con Margarita Maira, Coordinadora de Proyectos de la Fundación Ciudadanía Inteligente de Chile.
Esta semana se habló mucho sobre cómo se almacena nuestra información dentro de las empresas de telecomunicaciones. A propósito del caso del registro de llamadas que Telefónica tendría de Keiko Fujimori, vale la pena entender qué tipo de información se encuentra bajo el poder de estas empresas y bajo qué reglas se trata.
A través de una nota periodística, supimos que hace unos meses Telefónica se negó a cumplir con dos órdenes judiciales que la obligaban a entregar la información del tráfico de llamadas de ciertas líneas de la ex candidata. La negativa de la empresa se sustentaba en que la información solicitada comprendía registros de un plazo mayor al que legalmente se debía conservar (tres años) y, por ende, no contaba con la misma. Sin embargo, una trabajadora de la empresa del área encargada de responder a las autoridades descubrió en su momento que esta información sí existía en el sistema y ahora denuncia que la empresa negó el acceso de forma deliberada. Posteriormente, en algo que Telefónica ha repetido esta semana, se supo que la empresa siempre tuvo la información solicitada.
Ante ello, caben hasta tres lecturas de los hechos. La primera, propuesta por la nota periodística, es que Telefónica tendría algún motivo político particular para negar el acceso a esta información. Esto significa que simplemente usó como excusa el plazo legal con un fin ulterior: encubrir a Keiko Fujimori. Aunque es posible, creo que esta teoría es la menos interesante para aprender más sobre nuestros derechos como usuarios. Sin descartarla, vamos a dejar esta lectura a un lado para explorar otras dos posibles explicaciones de los mismos hechos.
Continuamos con nuestra serie del blog donde compartimos los principales hallazgos y análisis de nuestra investigación sobre violencia de género en línea. Cada semana estaremos publicando un post con un tema específico para contribuir a las discusiones sobre este tema.
Para nuestra reciente investigación, llevamos a cabo encuestas y entrevistas para conocer los diversos aspectos de la violencia de género en línea (VGL) desde la perspectiva de quienes la han experimentado. Logramos conversar con activistas feministas, defensoras de los derechos humanos, estudiantes y periodistas. Leer más
Un reciente comunicado de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios de Perú (ASPEC) invitaba a los peruanos a no proporcionar su número de Documento Nacional de Identidad (DNI) al comprar en establecimientos comerciales. La nota señala que dicha exigencia es ilegal, salvo cuando se busca deducir el gasto para fines tributarios o en transacciones mayores a 700 soles. A propósito de esto, nos parece que vale la pena pensar qué pasa cuando elegimos entregar nuestro número de documento.
La razón más frecuente por la cual alguien entrega su número de DNI a un comercio es para participar en programas de lealtad o de puntos. Para ello también podríamos usar una tarjeta con sellos, un código especial o cualquier otra credencial física o virtual, pero es probable que a veces la dejemos en casa u olvidemos el número y perdamos sus beneficios. En realidad, resulta más fácil usar un número que de todas maneras ya hemos memorizado y que se encuentra en un documento que es casi obligatorio portar cada vez que salimos. Pero entonces, cuando entregamos el número de DNI ¿a qué renunciamos en favor de esta conveniencia?
El año pasado realizamos una investigación sobre la violencia de género en línea en el Perú. En esta nueva serie de artículos en nuestro blog, vamos a compartir nuestros principales hallazgos y comentarios. Cada semana estaremos publicando un post con un tema específico para contribuir a las discusiones sobre este tema.
A lo largo del estudio encontramos evidencia de que las diversas manifestaciones de violencia en internet tienen consecuencias reales, tanto físicas como psicológicas sobre quienes la sufren. En ese sentido, es fundamental que consideremos a la violencia en línea como parte del continuo de violencia de género que afecta a mujeres y personas LGBTIQ+ en el Perú, y a todas aquellas personas que desafían normas heteronormativas, patriarcales, racistas y machistas.
Sin embargo, es importante también reconocer que la violencia no solo se traslada a espacios virtuales, sino que también se amplifica debido a las características únicas y específicas de la tecnología. En este post, vamos a contarles sobre algunas de estas características y cómo éstas se manifiestan en diez (10) formas de violencia de género en internet. A partir desde un reconocimiento de las oportunidades y riesgos que se nos presentan en espacios virtuales, podemos desafiar la idea de que los espacios virtuales son neutrales o están libres de violencia.
Por medio de las encuestas y entrevistas, encontramos que las agresiones en línea aprovechan las características de la tecnología para ser más efectivas. Entre ellas vamos a resaltar cuatro características que no son intrínsecamente negativas, pero que son usadas estratégicamente para silenciar, intimidar o vigilar a las víctimas:
En primer lugar, la tecnología nos brinda mayor proximidad. Internet acorta las distancias entre las personas que lo usan, conectándonos independientemente de nuestra ubicación geográfica. Esta característica nos permite conectarnos de manera muy efectiva y rápida con amigos, familiares o colaboradores alrededor del mundo. Sin embargo también significa que las las agresiones pueden llegar de personas que no necesariamente provienen de un círculo social inmediato.
Esta característica se vuelve un mayor riesgo cuando es combinada con otra posibilidad que nos brinda la tecnología – la de permanecer anónimas o anónimos en internet. Además de generar mayor valentía y soltura, el anonimato tiene un efecto desinhibidor que permite a muchas personas, entre ellas víctimas de violencia de género, disfrutar de internet sin miedo a ser identificadas y sufrir repercusiones. Sin embargo, el anonimato le da la misma valentía y soltura a personas agresores para ejercer violencia sin ser identificadas, colocándolas en una posición de poder frente a personas cuya identidad sí está expuesta en internet.
La tercer característica es la rápida propagación de información en internet. Esta posibilidad facilita que las agresiones, como campañas de desprestigio, los insultos, el discurso de odio y los ataques coordinados entre otras, puedan difundirse y replicarse rápidamente. Esto se agrava por una cuarta característica que es la permanencia del contenido. Una vez que un usuario sube contenido a internet, es casi imposible para otros usuarios eliminarlo sin el apoyo de la plataforma intermediaria donde está alojado, amenazando directamente la reputación y el bienestar de la persona al largo plazo. Aunque se llegue a eliminar el contenido de una plataforma, existe la posibilidad de que el contenido ya esté almacenado en los dispositivos de muchos otros usuarios que lo pueden continuar propagando.
Hace unos días, el Congreso organizó un evento público para conversar sobre uno de los proyectos de ley que establece el acceso a internet como derecho humano. Lamentablemente, el panel estuvo conformado únicamente por hombres. Frente a ello, hemos enviado una carta en conjunto con Access Now resaltando la importancia de la inclusión de mujeres en los espacios de discusión sobre políticas públicas y tecnología.
El 29 de noviembre, las comisiones de Transportes y Comunicaciones, presidida por Wuilian Monterola (Fuerza Popular), y de Ciencia y Tecnología, liderada por Carlos Ticlla (Fuerza Popular), organizaron el Foro “Acceso a Internet como Derecho Humano: alcances y perspectivas», con la finalidad de entablar conversaciones públicas sobre la propuesta legislativa del Congresista Mauricio Mulder recogida en el Proyecto de Ley N° 2780/2017-CR “Ley que Declara el acceso a internet como un derecho humano”. Sorprendentemente, aunque Internet es un asunto que nos interesa a todos los ciudadanos, los siete (7) expositores invitados eran hombres. El programa completo puede verse aquí.
Como no hay primera sin segunda y segunda sin tercera; a inicios del mes de noviembre, el congresista Alberto de Belaunde presentó el Proyecto de Ley N° 3607/2018-CR, que es la tercera iniciativa de su tipo que quiere declarar el acceso a Internet como un derecho fundamental. La nueva propuesta trae algunas innovaciones respecto a sus antecesoras, especialmente la de modificar la Constitución.
Como se recordará, en octubre se presentaron dos Proyectos de Ley en el Congreso relacionados a Internet. El primero, de Mauricio Mulder, que proponía una norma declarativa y el segundo, de Estelita Bustos, que demandaba cambios en la Constitución. Ambos buscan que el acceso a Internet se convierta en un derecho humano.
Si bien es un concepto novedoso en el Perú, la propuesta del congresista Alberto de Belaunde, que se suma a las dos anteriores, ya se había propuesto (en otros términos) en el Congreso anterior por el excongresista Mesías Guevara. Además, existen abundantes ejemplos en el mundo que han servido de guía para este tipo de iniciativas.
La propuesta busca un cambio en la Constitución para añadir el acceso a Internet como un derecho humano. En su caso, el texto de modificación se ubica en dos artículos: el artículo 2, inciso 4, y el artículo 14. Los cambios son los siguientes:
En septiembre anunciamos que el gobierno había publicado el Decreto Legislativo 1410, una norma que crea diferentes delitos, entre ellos el acoso y la difusión de material íntimo sin consentimiento, que podrán castigarse aun cuando ocurran en Internet. Sin embargo, pese a esta noticia, a finales de ese mismo mes se presentó un nuevo Proyecto de Ley para crear el delito de ciberacoso que, luego de revisarlo, consideramos debería ser desestimado.
Respecto del Proyecto de Ley 03427, “Que Propone incorporar el delito de Acoso Virtual o Ciberacoso en el artículo 5 de la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos y de esta manera prevenir aquellas conductas que están dirigidas a dañar a otra persona a través de medios tecnológicos”, presentado por el parlamentario Rogelio Tucto (Frente Amplio, Huánuco), no hay mucho que decir. Queda claro que las intenciones detrás de la propuesta son buenas. No obstante, al menos en materia de delitos informáticos, cualquier iniciativa nueva debe filtrarse a sí misma para no crear situaciones de doble tipificación o incertidumbre jurídica.
Este año realizamos una investigación sobre la violencia de género en línea en el Perú. En esta nueva serie del blog, vamos a compartir nuestros principales hallazgos y comentarios. Cada semana estaremos publicando un post con un tema específico para contribuir a las discusiones sobre este tema.
En este primer post, queremos comentarles sobre cómo opera la violencia de género en el Perú, así en los siguientes posts ahondar en cómo se desarrolla en espacios digitales. En Hiperderecho creemos que es importante conocer el contexto social en el cual la tecnología se está insertando y desarrollando, para comprender cómo se profundiza la violencia de género en línea y cuáles pueden ser sus consecuencias. Sobre todo, porque en Perú, cada vez se presta mayor atención a la ciberdelincuencia y a la violencia de género, pero de manera aislada.
Actualmente, somos el quinto país de Latinoamérica que recibe mayor cantidad de ataques cibernéticos, que en su mayoría afectan al sector financiero. Según la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat), los ataques más recurrentes son de fraudes electrónicos, pornografía infantil y suplantación de identidad.
También se ha encontrado que mujeres suelen ser víctimas de ciberacoso y otras formas de violencia mediadas por la tecnología. Ante esta realidad, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) presentó la plataforma «No al acoso virtual». Entre febrero y marzo del 2018, el MIMP registró 102 casos de violencia de este tipo incluyendo: hostigamiento, suplantación de identidad, extorsión con fines sexuales, insultos electrónicos, entre otros.
Estos datos nos indican que en el Perú ya existen las capacidades técnicas y el conocimiento para usar la tecnología de manera estratégica para la intimidación y la delincuencia. Sin embargo, sigue siendo necesario contar con estadísticas más amplias sobre cuántas mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+ son víctimas de ciberataques. Además, es también necesario analizar este problema desde un enfoque de género, que reconozca cómo las formas de violencia y las relaciones de poder que se generan en espacios offline están trasladándose a espacios digitales y cómo esto incrementa la situación de vulnerabilidad de ciertos grupos, como mujeres y la comunidad LGBTIQ+.
En nuestra investigación hemos analizado la violencia según las tendencias que resaltan en el país, con lo cual es claro que las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ se enfrentan diariamente a una violencia sistemática, que muta de espacios para continuar silenciando, oprimiendo o intimidando a estos grupos. A continuación, resaltamos algunas de las tendencias que tomamos en cuenta en nuestra investigación:
En el último episodio de Conexiones conversamos con Rolando Toledo, director de La Mula y la Red Científica Peruana, sobre los retos a lo largo de la historia de la adopción y difusión de internet en Perú.
Para escuchar el programa pueden buscarnos como podcast en Spotify como Conexiones de Hiperderecho, también pueden visitar el sitio web de Conexiones, nuestro canal de YouTube, nuestro perfil en Facebook, o en el video incluido en este artículo.
Con este episodio Conexiones toma una pausa hasta el próximo año, para el inicio de la tercera temporada. Pueden seguirnos en redes sociales para enterarse del regreso del programa.
Gracias a El Paradero Cultural por ser los anfitriones de esta edición de Conexiones.
