
Durante la investigación de casi cualquier delito, la Policía y el Ministerio Público pueden acceder al contenido de nuestras comunicaciones mediante autorización judicial
1. ¿En qué consiste?
La intervención de las comunicaciones y sus datos derivados forman parte de las políticas públicas implementadas con el fin de facilitar la prevención e investigación de los delitos. Las normas de este tipo sirven para crear un marco legal bajo el cual, en determinadas circunstancias y con límites previamente establecidos, entidades como la Policía Nacional o el Ministerio Público pueden solicitar el acceso a las comunicaciones, incluso en tiempo real, así como el almacenamiento de sus datos derivados para consulta posterior.
En el Perú también existen normas que permiten la intervención de las comunicaciones en el transcurso de la investigación de un delito, recogidas en el Código Procesal Penal. Estas medidas, que tienen carácter de extraordinarias, deben ser solicitadas al juez competente, quien determina de qué manera y por cuánto tiempo se permite la intervención a una o varias personas.