La Comisión Ejecutiva de Derecho Informático y Tecnologías de la Información del Colegio de Abogados de Lima organiza este jueves 14 de junio la Segunda Jornada sobre Derecho y Tecnología. Este evento académico busca presentar temas actuales en la intersección del Derecho y la tecnología a la comunidad legal local.
Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
A fines del año pasado, en Hiperderecho iniciamos un proyecto que buscaba preguntarse sobre el desarrollo de una de las tecnologías más empleadas en la actualidad para la verificación de la identidad: la biometría. Nuestro objetivo era conocer cuál era el estado de desarrollo de esta tecnología en el país, qué actores relevantes intervienen en este ecosistema y cuáles son los escenarios de oportunidad y de riesgo que existen tanto en el sector público como privado.
Como parte de las actividades del proyecto, empezamos buscando qué se había escrito o investigado sobre el tema antes. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta que la investigación independiente en estos temas es prácticamente nula en el Perú. No obstante, no es que no existiera información al respecto. De hecho, existía bastante pero la mayor parte eran normas, manuales, guías y otros documentos de trabajo de una sola entidad del Estado, que parecía ejercer un control casi exclusivo sobre el uso de la biometría: el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
Como les contamos hace un tiempo, el año pasado empezamos nuestro programa de voluntariado universitario al que denominamos Liga Juvenil de Defensa del Internet. Gracias a este proyecto, hemos tenido la oportunidad de conocer y trabajar con un genial grupo de estudiantes de Lima y provincias durante varios meses. Con ellos, hemos trabajado en identificar nuevas áreas de trabajo, nuevas problemáticas y explorar ideas muy creativas de solución. Por cierto, ¿recuerdan nuestra investigación sobre el código QR de los carnés universitarios? Eso también salió de este trabajo.
Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
Queremos que nuestro trabajo no sea solo reactivo a lo que hace el gobierno sino también propositivo. Desde nuestras primeras campañas, hemos entendido que el rol que juegan organizaciones como nosotros no se agota en criticar desde la tribuna.
Por eso, estamos muy contentos de participar en la iniciativa #UnBuenPlan, promovida por un grupo de las más importantes organizaciones de la sociedad civil de Perú. Se trata de un esfuerzo por brindar insumos accionables e ideas concretas sobre áreas temáticas específicas a los próximos candidatos a alcaldes y gobernadores regionales de todo el país. Gracias a la invitación del grupo impulsor de la iniciativa, en Hiperderecho hemos contribuído con una sección sobre Gobierno Electrónico y Modernización Estatal.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
Estamos muy contentos de presentar en sociedad Tacita.club, uno de los proyectos de la Liga Juvenil de Defensa de la Internet acelerados por Hiperderecho. Se trata de una página web abierta y gratuita para que cualquiera pueda compartir con otros sus guías de estudio y apuntes de cualquier curso universitario. La web está disponible desde este mes para todos y esperamos ver crecer su repositorio de documentos en las próximas semanas.
El problema
El año pasado, nuestros amigos de la Liga Juvenil empezaron con la pregunta sobre cómo la tecnología puede ayudar a mejorar la vida de un estudiante promedio. Conversamos sobre varios problemas diarios como encontrar los mejores lugares para estudiar dentro del campus, facilitar transacciones comerciales entre estudiantes de alquiler o compraventa, acceder a reseñas honestas de cursos anteriores, coordinación de carpooling para estudiantes que viven lejos, entre otros.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
¿Qué novedad trae esta propuesta? Este nuevo proyecto, impulsado por el congresista Miguel Castro, no está dirigido específicamente a combatir la pornografía de venganza sino más bien la difusión de material pornográfico a través de medios de difusión masiva como Internet. Por el mismo motivo, no propone la creación de nuevos delitos sino añadir un párrafo adicional a los artículos 154 y 177 del Código Penal para incrementar las penas en los casos en que se revelen partes íntimas de una persona o el acto sexual y estos sean difundidos por medios de comunicación, redes sociales, Internet, entre otros.
Como parte de nuestro trabajo de facilitar derechos y libertades mediante tecnología, hoy compartimos una pequeña aplicación que desarrollamos recientemente para monitorear sitios web y notificarnos de cualquier cambio. La llamamos «guachidog» y está disponible desde hace unos días en el GitHub de Hiperderecho.
El problema
Parte de nuestro trabajo diario es hacer monitoreo legislativo y una de las cosas más comunes que tenemos que hacer es constantemente visitar sitios web para buscar novedades o cambios. A veces esos cambios son muy difíciles de percibir porque resultan ser el cambio de una palabra, o de un enlace. Además, la mayoría de sitios web que revisamos son sitios del Estado que no tienen funcionalidades como feeds RSS, o suscripción a notificaciones. Así que no queda de otra más que presionar recargar una y otra vez, hasta que nos olvidemos, o hasta que por suerte encontremos lo que buscamos.
Este artículo es parte de una serie que busca compartir con el público los avances de los proyectos de Investigación de Hiperderecho. En este primer post, describimos los objetivos y metodología del proyecto de violencia de línea y por qué es esencial estudiar esta problemática desde un enfoque de género.
En Hiperderecho defendemos el derecho de todxs a usar la tecnología de manera libre y segura, independientemente de su identidad de género, raza, clase, orientación sexual y habilidades. Por eso en Abril, estamos lanzando un nuevo proyecto de investigación que busca darle la cara a una de las principales barreras al acceso equitativo a Internet – la violencia de género en línea,
Como les hemos contado, la violencia en línea es una de las modalidades de violencia más cotidianas a nivel global. Una reciente investigación por Amnistía internacional identificó más de cinco tipos de violencia en línea, entre ellas el acoso virtual, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el robo de identidad, el ataque coordinado a perfiles, y otros ataques que buscan silenciar y agredir a mujeres alrededor del mundo.
Si alguien pensó que el 2018 sería un año tranquilo para la tecnología, se equivocó. Siguiendo nuestra labor de monitoreo legislativo, queremos referirnos en esta ocasión al Proyecto de Ley N° 02260/2017-CR [PDF] presentado por el congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú a finales del año pasado. Este Proyecto propone reconocer como vínculo laboral las relaciones que mantienen los conductores que usan aplicaciones de taxi y las empresas que habilitan estas plataformas, con el fin de que los primeros reciban diferentes beneficios como vacaciones, pago sobre tiempo, entre otros.
Los proponentes afirman que el vínculo laboral existe porque en la práctica las empresas que disponen de estas plataformas tecnológicas realizan el mismo servicio de transporte que las empresas de taxi tradicional. Siguiendo esta lógica, si las empresas de taxi tradicional están obligadas a contratar a sus conductores y otorgarles beneficios laborales, las empresas que usan aplicaciones deberían hacer lo mismo. Para sostener su postura, citan algunos estudios realizados en Estados Unidos y dos fallos judiciales en Brasil y Reino Unido.
Hace unos meses se presentó en el Congreso el Proyecto de Ley N° 1598/2016-CR que propone modificar el artículo 323 del Código Penal, el cual tipifica el delito de discriminación. El objetivo es incluir nuevos supuestos de hecho a los ya existentes y aumentar las penas con el objetivo de que, en sus modalidades agravadas, la discriminación pueda ser castigada con prisión efectiva. Su impulsor principal, el congresista César Segura (Fuerza Popular, Ica), afirma que esto es necesario para combatir este grave mal que afecta a la sociedad peruana.