En los últimos días, activistas, estudiantes, dirigentes sociales y defensores de derechos humanos han sido víctimas de un alarmante patrón de ataques digitales: el bloqueo fraudulento de sus líneas móviles y la difusión masiva de sus datos personales —incluso de familiares suyos— en redes sociales, en el marco de una campaña coordinada de terruqueo. Esta última práctica no es un hecho aislado: forma parte de un ecosistema de vigilancia y hostigamiento que se profundiza en contextos de protesta social.
