OnlyFans, en su creación, fue y ha sido utilizado desde la autodeterminación y la libertad/toma de decisión de crear un perfil para monetizar determinados contenidos. No obstante y entre otros aspectos, la cuestión empezó a tornarse preocupante cuando comenzaron a aparecer perfiles fraudulentos, creados desde cuentas y perfiles falsos.
El modus operandi en estos casos es la creación de una cuenta de Instagram (u otra red social) en la que se incluye un link que contiene dentro de la URL el texto “OnlyFans o Just for fans”. Hasta este punto, se ha configurado el delito de suplantación de identidad regulado en el artículo 9° de la Ley N° 30096 (Ley de delitos informáticos) y sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años. Al tratarse de una acción típica, antijurídica, y culpable, quienes hayan sido víctimas de esta modalidad de delito cibernético, pueden acudir a la Comisaría más cercana o al Ministerio Público a denunciar los hechos (o a través de sus canales virtuales de recepción de denuncias).Leer más
La pandemia nos forzó a reescribir todas nuestras formas de interacción social, incluyendo los procesos de enseñanza y aprendizaje. A fin de contener posibles contagios, el gobierno suspendió las clases presenciales en marzo de 2020. Como resultado de la evolución de la crisis sanitaria, el retorno a las aulas jamás se dio: por primera vez, la educación en todos sus niveles se llevó a cabo de manera totalmente remota.
Durante el aislamiento, la necesidad de recurrir a ámbitos virtuales fue evidente. Con ello, no solo quedaron al descubierto décadas de brecha digital, sino los riesgos de violación de derechos que también existen en línea. Aunque la tecnología tiene un gran potencial liberador y empoderante, hay que situarla en su contexto: uno de discriminación generalizada y violencia de género transversales. En consecuencia, las relaciones de poder y opresión hacia las mujeres también tienen lugar y se replican en Internet, manifestándose a través de nuevas formas de violencia. Por supuesto, esto también se ha hecho presente en entornos universitarios.Leer más
Este año participamos de la campaña #ConectadasYSeguras organizada por nuestras compañeras de Plan Internacional y que incide sobre como el acoso en línea afecta a las adolescentes y las mujeres jóvenes en más de 22 países.Esta campaña tiene diversos objetivos. Entre ellos, concientizar a la población sobre el impacto del acoso en internet en la vida de niñas y adolescentes y movilizar a gobiernos y las empresas de medios sociales para que tomen medidas activas para poner fin a la violencia y el acoso.
Desde Hiperderecho, nos sumamos a la campaña mediante la realización de tres videos junto a Plan Internacional y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Estos videos fueron dirigidos a mujeres jóvenes y buscan enviar el mensaje de queinternetes un espacio que nos pertenece y en el que tenemos el derecho a vivir libres y seguras. La campaña audiovisual buscó también difundir consejos de seguridad digital o autodefensa digital que son fundamentales para mejorar nuestra privacidad y para que podamos aprovechar a la tecnología como una aliada en la lucha contra la violencia.
Primer video: Ciberacosadores
El primer video busca crear conciencia sobre cómo los acosadores utilizan la tecnología para acercarse a mujeres jóvenes y hacerlas sentir inseguras en estos espacios. Sin embargo, reafirmamos que las mujeres no nos iremos de Internet porque Internet también es nuestra. Con este mensaje, buscamos evitar que se amplíe la brecha digital de género que se genera cuando las mujeres viven acoso en internet y deciden dejar de usar internet como una medida para evitar ser violentadas. Por ello, también brindamos consejos de seguridad digital en el video que buscan promover la importancia de utilizar la configuración de privacidad y seguridad en las redes sociales para mantener a las personas que te quieren hacer daño, lejos de ti.
El segundo video busca crear conciencia sobre la libertad sexual que debemos tener todas las mujeres que utilizamos internet. Es clave entender que mientras que el sexting – o el intercambio de imágenes íntimas – se realice con libertad, confianza y sobre todo, consentimiento, no es violencia y es un acto del libre ejercicio de la sexualidad. Sin embargo, este intercambio puede tornarse violento si alguien te presiona para hacerlo mediante amenazas o manipulación, o si traicionan tu confianza y comparten esa foto con alguien más. Aquí te explicamos más sobre sexting.
En el video también buscamos mostrar buenos hábitos para proteger la privacidad de quienes envían las fotos. Por ejemplo, después de que la protagonista indica explícitamente que quiere que la foto sea eliminada, su pareja lo hace segundos después de haberla visto. Esto, además de promover masculinidades responsables en cuanto a cómo los hombres se relacionan con contenido explícitamente sexual, busca promover la eliminación de contenido íntimo de los dispositivos como una buena estrategia de seguridad digital. Lee más sobre qué aplicaciones utilizar y las diversas maneras que existen para cuidarte utilizando la tecnología cuando practicas sexting.
Recuerda: Si te encuentras en una situación de difusión de imágenes íntimas sin tu consentimiento, no es tu culpa y es un delito. Descarga esta guía urgente de Hiperderecho o visita el centro Tecnoresistencias para identificar los pasos que debes seguir para presentar una querella ante el Poder Judicial. También te recomendamos que visites la web de Acoso.Online para aprender cómo dar de baja el contenido de las plataformas donde esté circulando.
Tercer video: Los viralizadores
Finalmente en el tercer video hablamos de los viralizadores – aquellas personas que reenvían o comparten imágenes íntimas de una persona a pesar de que ella no ha dado su consentimiento para que esa foto sea pública. Cuando hablamos de violencia, es clave hablarles a estas personas también, porque son ellas quienes hacen posible que la imagen viaje más rápido y se difunda de manera masiva en Internet. Por lo tanto, con este video promovemos que exista un compromiso social de no enviar estas fotos, eliminarlas apenas las recibimos e indicarle a quien nos la envió que está participando de un acto violento que causará daño y sufrimiento en la vida de otra persona.
En este video también difundimos consejos de seguridad digital para mitigar los riesgos que enfrenta una mujer, cuando ejerce su sexualidad en una sociedad machista. No porque ella sea responsable por la violencia a la que la someten, sino porque es importante que conozca que tiene opciones para cuidarse y proteger su identidad. Descarga la guía de Coding Rights para conocer más tips.
Con estos videos, buscamos que sean cada vez más las personas que reconozcan que Internet también es nuestra; que es nuestro derecho estudiar, trabajar, disfrutar y tener vida social en estos espacios sin que nadie nos acose por hacerlo; y que nuestra internet también será feminista. Sumate a esta lucha y rompamos juntxs el ciclo de la violencia de género en internet.
Seguimos con nuestro análisis sobre las tendencias que encontramos en las estadísticas levantadas por la plataforma No al Acoso Virtual, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) entre febrero 2018 y junio 2020.
En el post anterior, hablamos sobre cómo los datos registrados de manera voluntaria hasta junio del 2020 alcanzan los 2580 casos de acoso virtual. La mayoría de casos de acoso en internet ocurren en Facebook (73%) y otras redes sociales de manera diaria. También que el registro de casos de violencia en internet ha aumentado durante la pandemia con 143 casos por mes. Encontramos también que la metodología empleada para recoger los datos probablemente ha llevado a un subregistro de casos, especialmente de los casos de violencia sexual en internet.
En este post analizamos lo que los datos de la plataforma nos dicen sobre el perfil de quiénes viven violencia en internet y de las personas que las atacan en el Perú. También comentamos sobre los datos que el MIMP está recogiendo sobre las víctimas por medio de la plataforma para inferir esta información y cómo está siendo utilizada.
El mes pasado, Hiperderecho trabajó junto a la conductora de televisión Yanira Dávila en su queja contra el Grupo La República ante el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. En dosartículos, aparecidos el 7 de agosto en diarios del Grupo, se reprodujo un mensaje de su cuenta de Twitter sobre un equipo de fútbol junto a sus fotografías y enlaces a sus redes sociales. En su queja, Yanira sostuvo que la actividad de otorgar un nuevo contexto a sus declaraciones y amplificarlas a través de un medio de comunicación nacional la expuso a violencia de género en línea. Específicamente, que la expuso a un acoso virtual masivo de los seguidores de ese equipo de fútbol.
En suResolución final, el Tribunal de Ética ha reconocido que no sólo no existía pertinencia en la publicación de las notas, sino que además ello la colocó en una situación de vulnerabilidad al exponerla a una cantidad importante de comentarios agresivos y atentatorios a la dignidad humana y al respeto de los derechos de la mujer. Con ello, el Tribunal “pone de relieve la ausencia del deber de cuidado que debió considerar el mencionado medio al elaborar y publicar la nota en los términos que se realizaron”.
Esta es una muy buena noticia, pues representa un progreso tangible en la conversación sobre el contexto de la violencia de género en línea en Perú. Identificamos lecciones claves en el desarrollo del caso, la Resolución del Tribunal de Ética y su ejecución.
La pandemia del COVID-19 ha ocasionado que nuestras actividades cotidianas se trasladen al mundo virtual. Esto ha visibilizado la urgencia de búsqueda de soluciones ante diversas problemáticas que implican derechos de las mujeres en su diversidad y tecnología. En ese sentido, en colaboración con Privacy International, esta semana presentamos ante el Comité CEDAW de la Organización de las Naciones Unidas el Informe Alternativo para la evaluación de la República del Perú.
¿Qué es el Comité CEDAW?
La Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ( Comité CEDAW) es un organo internacional de defensa de derechos humanos encargado de vigilar que los más de 50 estados miembros cumplan con las obligaciones internacionales contenidas en la Covención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y lasrecomendaciones generales que emite sobre género y políticas públicas con la finalidad de erradicar la violencia hacia las mujeres en su diversidad. Los estados miembros están en la obligación de presentar informes periódicos sobre cómo están desempeñando su labor de erradicar la violencia contra la mujer. La sociedad civil, representada por ONGs y colectivas, colaboran con el Comité presentando Informes Alternativos y Reportes Sombra que permiten a los expertos independientes de este Comité contar con información sobre el cumplimiento oportuno y eficaz de estas obligaciones internacionales en la materia.
¿Por qué es importante el Informe Alternativo?
El Informe Alternativo presentado por Hiperderecho, en colaboración con Privacy Internacional, aborda la intersección de derechos reproductivos, violencia de género en línea, brecha digital de género yprivacidad en Perú. Es el primer Informe presentado al Comité que evalúa a nuestro país respecto a estas temáticas. Es así que hemos generado un precedente en cuanto a la información que suele recibir el Comité por parte de la sociedad civil.
¿Cuáles fueron las cuestiones claves de este informe?
El Estado no reconoce la Violencia de Género en Línea como un tipo de violencia con un impacto único y directo en los derechos, libertades, salud emocional y seguridad de las mujeres en toda su diversidad.
La proliferación de campañas de desinformación y estrategias de explotación de datos han creado nuevos riesgos para las mujeres que usan tecnologías para acceder información sobre derechos sexuales y salud reproductiva en Perú.
La brecha de género digital en Perú exacerba las desigualdades sociales del país, dejando de lado las necesidades básicas de las mujeres respecto a sus derechos digitales, afectando sobretodo a mujeres indígenas y mujeres en zonas rurales.
Nuestras recomendaciones al Estado Peruano
En nuestro informe, hacemos un llamado al Estado peruano a:
Desarrollar e implementar estrategias de prevención, mitigación y respuesta para proteger los derechos de las mujeres a la privacidad y la libertad de expresión en espacios digitales.
La producción inmediata de información sobre salud reproductiva y derechos sexuales por parte del Estado, así como políticas de privacidad de datos con perspectiva de género que tengan en cuenta los retos que enfrentan las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ en espacios digitales.
El desarrollo de políticas públicas centradas en el género y objetivos específicos de género en las políticas relacionadas con la tecnología, la banda ancha, la infraestructura de Internet, y la privacidad.
Aquí puedes acceder al informe completo en español.
A propósito de varios ataques coordinados hacia personajes públicos, los medios de comunicación han estado hablando sobre la violencia en Internet. En Hiperderecho llevamos varios años investigando este tipo de violencia y nos da gusto que la estemos dejando de normalizar. Lamentablemente, la cobertura de este tipo de ataques sigue siendo la incorrecta. Se habla de «los hackers» y sus habilidades para dominar Internet, perpetuando la noción de que quienes nos atacan son personas cuyo conocimiento no podemos obtener y, por lo tanto, de quienes no podemos defendernos. Estas narrativas son dañinas, incorrectas y tampoco nos ayudan a entender el problema más urgente: el contexto en el que están ocurriendo estos ataques y porqué son tan efectivos.
El contexto importa
Los ataques de acoso coordinado son acciones conjuntas realizadas en Internet con el objetivo de dañar a una persona o una organización. Inclusive cuando las acciones parezcan inocuas por sí solas, logran un efecto abrumador e inhabilitante porque son llevadas a cabo en simultáneo por decenas de personas que se esconden detrás de perfiles falsos o pseudónimos. Así, de la misma manera que el acoso grupal callejero nos hace sentir que las calles no nos pertenecen, los ataques coordinados buscan hacernos sentir que Internet no es nuestra y que le pertenece solo a quienes saben explotarlo para sus intereses. Visto desde un enfoque de género, cuando estos ataques son utilizados para silenciar o intimidar a mujeres o personas LGBTIQ+, son un despliegue de violencia machista que ataca directamente su derecho a la privacidad y la libertad de expresión.
El uso de datos personales para crear campañas coordinadas de desprestigio y dañar tu reputación.
El uso de datos personales para vigilarte: te dicen que ya saben dónde vives o cómo se llaman tus familiares para darte a entender que pueden acercarse a ti en cualquier momento.
Y el «reporte masivo» o el abuso de los mecanismos de reporte en redes sociales para eliminar un perfil o una publicación y, de esa manera, eliminarte de ese espacio.
La modernidad sigue llegando lento al Poder Judicial, casi un mes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1470, que dispuso la habilitación de medios tecnológicos para asegurar la continuidad de sus servicios.. El 19 de mayo la Corte Superior de Justicia de Lima anunció a través de su página de Facebook que ya se encontraba disponible para recibir denuncias de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar y remisión de las medidas de protección y cautelares comunicándose por WhatsApp al número 970807304. Además, la nota de prensa publicada también señala que estas denuncias se podrían recibir a través del correo electrónico juzgfamilialima@pj.gob.pe. En ambos canales se podrían adjuntar documentos, audios e imágenes, y serían administrados por personal especializado.
En efecto, la apertura de esta vía de denuncia se realiza en cumplimiento de la Resolución Administrativa 140-2020-CE-PJ, que dispone la implementación de líneas telefónicas para el uso de la aplicación de WhatsApp así como el uso de cuentas de correo institucionales para todas las Cortes Supremas. Así también se dispuso el uso de las aplicaciones CamScanner y Google Hangouts Meet para actos procesales como el registro de documentos y la realización de videoconferencias.
Aunque se trata de una excelente idea, no hemos podido comprobar que funcione. A pesar de que han pasado varios días desde el anuncio, esta atención ofrecida vía WhatsApp aún no se encuentra disponible. El equipo de Hiperderecho verificó que este número no se encuentra registrado en WhatsApp, por lo que es imposible iniciar una comunicación con dicha cuenta. Lo mismo ocurrió cuando intentamos llamar, pues nos envió directamente a la casilla de voz.
¿Por qué anunciaría la Corte Superior de Justicia un número que aún no está disponible? ¿Quién responde (una vez más) por las expectativas defraudadas de las víctimas de violencia de género? Las autoridades peruanas se encuentran obligadas a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso implica la atención rápida y eficaz a denuncias de violencia de género con la sensibilidad y capacidad que requieran para no enviar un mensaje de impunidad que aumente la desconfianza de las víctimas en el sistema de justicia.
En Hiperderecho tenemos la convicción que la tecnología puede ser una poderosa herramienta para el sistema de administración de justicia. Tal como lo considera la organización Fair Trials, si bien en tiempos de pandemia se han paralizado alrededor del mundo las actividades judiciales, es necesario recurrir a vías alternativas para la tramitación de causas urgentes como las penales mediante el uso de videollamadas, aplicativos de mensajería instantánea y la vía telefónica. En casos de violencia de género, las nuevas tecnologías le permitirían al Estado actuar sin dilaciones para la protección y seguridad de mujeres e integrantes del grupo familiar.
Sin embargo, la implementación de atención de denuncias por aplicativos de mensajería debe ser parte de una estrategia integral que no resulte lesiva a los derechos fundamentales. Especialmente, los de grupos en situación de vulnerabilidad que ven agudizada su condición en estos tiempos de cuarentena. En este caso, se está atentando contra el derecho al acceso a la justicia de las víctimas, colocándolas en una lamentable situación de indefensión. Lo que es peor aún, la Corte Superior de Justicia de Lima no ha comunicado que el servicio no se encuentra disponible por el momento. ¿Cuántas mujeres habrán intentado usar este servicio sin éxito y sin entender que lo que ocurre es una omisión por parte del Estado?La modernización de la administración de justicia debe llevarse a cabo de una manera integral, eficaz y meditada. No debe lesionar derechos fundamentales ni aumentar la vulnerabilidad de grupos que históricamente han enfrentado la indiferencia y la impunidad por parte del Estado. Así también, es crucial que existan protocolos para que el personal responsable del servicio pueda atender a las y los usuarios con enfoque de género, evitando la revictimización en las interacciones y en la recabación de los medios probatorios. A nivel tecnológico, se requerirá un tratamiento diligente de la evidencia administrada, custodiando su confidencialidad y preservando su autenticidad. La modernización de la justicia no es una mera formalidad ni un ejercicio de relaciones públicas: es una necesidad urgente para que peruanas y peruanos que llevan tiempo esperando justicia.
Estas medidas han sido adoptadas como respuesta a la violencia de género que en Perú y en varios países de América Latina se ha mantenido en tiempos de confinamiento social y ha adquirido nuevos matices. Por un lado, muchas mujeres se encuentran confinadas con sus agresores y necesitan medidas de protección inmediatas. Por otro lado, se ha dado la incorporación masiva de las mujeres al teletrabajo y a la virtualización de diversas actividades, lo cual ha incrementado el uso de Internet, especialmente de aplicaciones de videollamadas, y de las redes sociales. Resulta alentador ver la manera en que las activistas feministas han desplegado acciones como movilizaciones virtuales (México) y generación de redes de soporte (Chile).
Sin embargo, tal como hemos demostrado en Hiperderecho, el ámbito virtual en nuestro país no se encuentra exento de violencia de género. Si bien la tecnología es una herramienta poderosa, para las mujeres y personas en situación de vulnerabilidad su uso implica enfrentar situaciones de violencia. Ello impacta tanto la salud física y psicológica de las víctimas como su posibilidad de acceder a Internet. A ello hay que sumarle el hecho de que el confinamiento social aumenta el nivel de vulnerabilidad de las mujeres. Según la Organización de Naciones Unidas, la violencia de género es otra pandemia que está silenciosamente abarcando buena parte del planeta sin que alcancemos a apreciar su real magnitud. Ante este escenario, el Gobierno no sólo debía mantener su capacidad de respuesta ante la violencia de género sino también adaptarse al uso de tecnologías que permitan una tramitación célere y oportuna. Si bien dentro del Poder Judicial se reportaron prácticas que se adaptaron eficientemente al contexto, como lo fue el de la Corte Superior de San Juan de Lurigancho, era innegable la urgencia de la adopción de medidas de carácter nacional al respecto con enfoque de género y perspectiva interseccional.
El taller fue un éxito y durante los siguientes meses el equipo de trabajo se dedicó a planear y ejecutar las diferentes etapas del proyecto. Las cuales se desarrollaron bajo la metodología de LabCívico, la cual enfatiza el trabajo colaborativo para poder identificar los problemas y estrategias de acción con miras a generar incidencia.
Después de meses de trabajo, se concluyó con el entregable principal: «Mujeres que resisten: Observaciones sobre el acceso a justicia en casos de violencia de género en línea«. Este informe de lectura rápida se basa en las experiencias de mujeres que han intentado obtener respuesta del sistema de justicia, al denunciar delitos de violencia de género en línea. Para lo cual, las voluntarias realizaron entrevistas, con la finalidad de conocer cómo fue el proceso que vivieron. Además, el informe incluye recomendaciones para una mejor atención de estos casos.
