La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, conocida como ICANN por sus siglas en inglés, es una organización internacional sin fines de lucro. Una de sus funciones consiste en garantizar una gestión eficaz y coordinada de los nombres en el nivel más alto de la estructura de DNS (root level). Gracias al DNS (Domain Name System), la navegación es más sencilla en Internet: en lugar de recordar los números de las direcciones IP en las que se alojan páginas y servicios web, basta con recurrir a sus nombres de dominio asignados. Por ejemplo, para entrar al portal web de Hiperderecho es más sencillo dirigirnos a hiperderecho.org que recordar la dirección IP 188.226.177.69, aunque ambos nos lleven a la misma página. La ICANN, junto con sus socios técnicos, ayuda a mantener el DNS en funcionamiento garantizando que Internet siga siendo un espacio estable, seguro e interoperable. Leer más

El último 28 de julio fue una fecha de hitos importantes. No solo se aprobó la Política Nacional de Transformación Digital (PNTD), sino que la Presidenta expuso, a través de su Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, las principales medidas que integrarán su agenda de gobierno durante este año. Por supuesto, tales medidas no son indiferentes al rol que cumplen Internet y las tecnologías de la información y las comunicaciones hoy en día: de hecho, varias de ellas se relacionan negativamente con la participación ciudadana en el ecosistema digital, pues amenazan el ejercicio de derechos como la libertad de expresión o la privacidad en línea —y fuera de ella también—.

Mediante el Proyecto de Ley 05632/2023-PE, también del 28 de julio, el Ejecutivo ha solicitado que el Congreso le delegue facultades para legislar en una lista de temas —siguiendo lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú—. Si el Congreso lo aprueba, le habrá conferido al gobierno central las facultades que necesita para aprobar normas con rango de ley en materias como seguridad ciudadana, infraestructura, gestión de riesgos de desastres, etc., durante 120 días. Varias de ellas impactarían en la forma cómo las personas usamos y compartimos contenido en Internet. 

En esta nota, recogimos las tres medidas que consideramos más peligrosas y amenazantes para la libertad de expresión en línea en el Perú y te contamos por qué creemos que el Congreso haría bien en rechazarlas. Leer más

En Hiperderecho estamos buscando a alguien que quiera dar el siguiente paso en su desarrollo profesional y se una a nuestro equipo legal. La persona que resulte elegida para el puesto podrá trabajar, a tiempo completo, en el seguimiento y monitoreo de políticas públicas referidas al desarrollo de tecnología y su impacto en los derechos humanos/fundamentales. Leer más

El pasado 28 de julio se aprobó, mediante Decreto Supremo 085-2023-PCM, la esperada Política Nacional de Transformación Digital (PNTD). A más de cinco años de la creación de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD), y a más de tres de la creación del Sistema Nacional de Transformación Digital, la aprobación de este instrumento constituye un hito medular para conducir orgánicamente los esfuerzos gubernamentales por un país digital. La Política se suma a un conjunto de estrategias, lineamientos, reglamentos, directivas, guías y normativa en general aprobada en las últimas dos décadas con respecto a la sociedad de la información y el gobierno digital.

¿Para qué una Política Nacional?

La aprobación de una Política constituye una respuesta de política pública luego de identificado un problema o necesidad de alcance nacional. Se trata de una decisión que expresa que cierto problema público es parte de la agenda prioritaria del gobierno. En respuesta, se diseña una Política que permita planificar actividades específicas que obedecen a lineamientos y objetivos, estándares de cumplimiento y servicios públicos que deben ser alcanzados en el marco de ciertas políticas de Estado. En este caso, la PNTD se enmarca en la política de Estado N° 35 del Acuerdo Nacional, relativa a la Sociedad de la información y del conocimiento. Sin embargo, no es un documento aislado: es un instrumento de política pública que articula actividades y servicios tanto de la SGTD como de los distintos sectores (educación, telecomunicaciones, producción, etc.) para alcanzar el cambio organizativo y cultural que permita una verdadera transformación digital con valor público para la ciudadanía. Leer más

El jueves 11 de marzo el Congreso peruano aprobó la modificación de la Constitución para incorporar el derecho de acceso a Internet. No obstante, en la medida que estamos ante una reforma constitucional, aún queda realizar una segunda votación en la siguiente legislatura para hacer efectiva dicha modificación. A continuación, unos puntos a tomar en cuenta.

¿Internet libre y abierto?

El dictamen de los Proyectos de Ley 3156/2018-CR, 3607/2018-CR, 5600/2020-CR y 5843/2020-CR, el cual recogía las propuestas hechas hasta el momento para reconocer el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental, incorporaba en el artículo 14 el siguiente texto:

El Estado garantiza el derecho de acceso a internet libre y abierto. Asimismo, promueve el desarrollo científico y tecnológico del país a través de la formación en las tecnologías de la información y comunicación, en especial para el sector educativo y en las zonas rurales del país. (resaltado nuestro)

No obstante, el texto final que fue aprobado fue el siguiente:

El Estado garantiza el derecho de acceso a internet. En las entidades, instituciones y espacios públicos su acceso es gratuito. Asimismo, promueve el desarrollo científico y tecnológico del país a través de la formación en las tecnologías de la información y comunicación, en especial para el sector educativo y en las zonas rurales del país.

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