La modernidad sigue llegando lento al Poder Judicial, casi un mes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1470, que dispuso la habilitación de medios tecnológicos para asegurar la continuidad de sus servicios.. El 19 de mayo la Corte Superior de Justicia de Lima anunció a través de su página de Facebook que ya se encontraba disponible para recibir denuncias de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar y remisión de las medidas de protección y cautelares comunicándose por WhatsApp al número 970807304. Además, la nota de prensa publicada también señala que estas denuncias se podrían recibir a través del correo electrónico juzgfamilialima@pj.gob.pe. En ambos canales se podrían adjuntar documentos, audios e imágenes, y serían administrados por personal especializado.
En efecto, la apertura de esta vía de denuncia se realiza en cumplimiento de la Resolución Administrativa 140-2020-CE-PJ, que dispone la implementación de líneas telefónicas para el uso de la aplicación de WhatsApp así como el uso de cuentas de correo institucionales para todas las Cortes Supremas. Así también se dispuso el uso de las aplicaciones CamScanner y Google Hangouts Meet para actos procesales como el registro de documentos y la realización de videoconferencias.
Aunque se trata de una excelente idea, no hemos podido comprobar que funcione. A pesar de que han pasado varios días desde el anuncio, esta atención ofrecida vía WhatsApp aún no se encuentra disponible. El equipo de Hiperderecho verificó que este número no se encuentra registrado en WhatsApp, por lo que es imposible iniciar una comunicación con dicha cuenta. Lo mismo ocurrió cuando intentamos llamar, pues nos envió directamente a la casilla de voz.
¿Por qué anunciaría la Corte Superior de Justicia un número que aún no está disponible? ¿Quién responde (una vez más) por las expectativas defraudadas de las víctimas de violencia de género? Las autoridades peruanas se encuentran obligadas a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso implica la atención rápida y eficaz a denuncias de violencia de género con la sensibilidad y capacidad que requieran para no enviar un mensaje de impunidad que aumente la desconfianza de las víctimas en el sistema de justicia.
En Hiperderecho tenemos la convicción que la tecnología puede ser una poderosa herramienta para el sistema de administración de justicia. Tal como lo considera la organización Fair Trials, si bien en tiempos de pandemia se han paralizado alrededor del mundo las actividades judiciales, es necesario recurrir a vías alternativas para la tramitación de causas urgentes como las penales mediante el uso de videollamadas, aplicativos de mensajería instantánea y la vía telefónica. En casos de violencia de género, las nuevas tecnologías le permitirían al Estado actuar sin dilaciones para la protección y seguridad de mujeres e integrantes del grupo familiar.
Sin embargo, la implementación de atención de denuncias por aplicativos de mensajería debe ser parte de una estrategia integral que no resulte lesiva a los derechos fundamentales. Especialmente, los de grupos en situación de vulnerabilidad que ven agudizada su condición en estos tiempos de cuarentena. En este caso, se está atentando contra el derecho al acceso a la justicia de las víctimas, colocándolas en una lamentable situación de indefensión. Lo que es peor aún, la Corte Superior de Justicia de Lima no ha comunicado que el servicio no se encuentra disponible por el momento. ¿Cuántas mujeres habrán intentado usar este servicio sin éxito y sin entender que lo que ocurre es una omisión por parte del Estado?La modernización de la administración de justicia debe llevarse a cabo de una manera integral, eficaz y meditada. No debe lesionar derechos fundamentales ni aumentar la vulnerabilidad de grupos que históricamente han enfrentado la indiferencia y la impunidad por parte del Estado. Así también, es crucial que existan protocolos para que el personal responsable del servicio pueda atender a las y los usuarios con enfoque de género, evitando la revictimización en las interacciones y en la recabación de los medios probatorios. A nivel tecnológico, se requerirá un tratamiento diligente de la evidencia administrada, custodiando su confidencialidad y preservando su autenticidad. La modernización de la justicia no es una mera formalidad ni un ejercicio de relaciones públicas: es una necesidad urgente para que peruanas y peruanos que llevan tiempo esperando justicia.
