Desde hace más de una semana, se han iniciado incendios forestales en diversas regiones del país, así como en distintos territorios de América del Sur. En el caso de Perú, 20 regiones se encuentran afectadas, con mayor impacto en Cusco, Huancavelica, Cajamarca, Amazonas, Ucayali y San Martín. Nuestros bosques están ardiendo.
Desde Hiperderecho, creemos que el contexto nos invita a preguntarnos por nuestra relación con los ecosistemas y el medio ambiente. En un mundo en el que todo pasa tan deprisa, es necesario detenernos a pensar qué cuidado ofrecemos al planeta que nos precede como especie. En ese sentido, desde nuestros ejes de trabajo, encontramos que el desarrollo de las tecnologías carece de una mirada sostenible para los ecosistemas, sino que se basa en un enfoque antropocentrista y cortoplacista.
Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
Internet se ha convertido en una herramienta crucial para el almacenamiento de imágenes, textos, piezas audiovisuales, informaciones y fuentes periodísticas que permiten mantener presente hechos de gran relevancia que afectan el interés público. Esto cobra especial importancia en situaciones de graves violaciones a los derechos humanos, casos de corrupción sistemática y acaparamiento del poder, donde Internet se presenta como un mecanismo de preservación de la memoria histórica y un facilitador del acceso a información crítica para la sociedad. Leer más
Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
En Hiperderecho llevamos años investigando y pensando en respuestas para combatir la violencia de género en línea. Así, surgieron proyectos como Tecnoresistencias (nuestro proyecto principal sobre violencia de género en línea) y Después de la Ley, apuntando a una Internet libre de violencia para las mujeres en nuestra diversidad y personas LGBTNB+. En 2023, nos preguntamos cómo descentralizar la identificación, prevención, resistencia y denuncia de la violencia de género en línea? En respuesta, diseñamos Resiste.
Nos acercamos al trigésimo aniversario de la Convención Belém do Pará: la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Adoptado en 1994, este tratado internacional fue el primero en abordar la violencia contra la mujer, y supuso una ola de cambios importantes para las legislaciones y decisiones jurisdiccionales en nuestros países. Se trata de un instrumento histórico que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en los ámbitos público y privado, y cuya definición de “violencia contra la mujer” ha sido referenciada en muchos otros documentos a nivel normativo y de política pública.
Sin embargo, a pesar de las modificaciones normativas, la respuesta institucional del Estado se ve superada por el continuum de violencia: las mujeres se enfrentan a la violencia de manera circular y transversal a sus vidas, con distintas formas de agresiones que se entretejen y alimentan entre sí. En ese contexto histórico, las tecnologías de la información y las comunicaciones se alzan no solo como una herramienta de transformación, sino como un nuevo espacio en el que tiene lugar el acoso, el silenciamiento y la hostilidad contra las mujeres.Leer más
El SPIJ apareció en nuestro cuerpo normativo hace dos décadas, cuando el Decreto Supremo 019-2001-JUS (Reglamento de Organización y Funciones del MINJUSDH) estableció como una de las funciones de la entonces Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia “sistematizar la legislación nacional, las normas emitidas por el Poder Ejecutivo y la información jurídica de carácter general a través del Sistema Peruano de Información Jurídica” (art. 84.h).
Dos años después, considerando que “las permanentes modificaciones al Sistema Jurídico Peruano exigen que el Ministerio de Justicia continúe cumpliendo su función de sistematización y difusión de la legislación nacional e información jurídica de carácter general por medio de una edición oficial”, se incorporó la Suscripción Anual al SPIJ al TUPA como un servicio brindado en exclusividad.
El último 2 de junio, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley 31207, Ley que garantiza la velocidad mínima de conexión a Internet y monitoreo de la prestación del servicio a Internet a favor de los usuarios. Con esta norma, se ha modificado la Ley 29904, Ley de Promoción de Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, de modo que ahora incluye una disposición que obliga a las empresas proveedoras de servicios de Internet a garantizar el 70% de la velocidad ofrecida en sus contratos y establecidas en los planes que publicitan. Como correlato, se ha incluido el derecho a obtener una velocidad mínima garantizada no menor al 70% en el Código de Defensa y Protección del Consumidor, así como al derecho a tener herramientas de medición de velocidad que deben ser brindadas por las empresas vía web.
El Estado, por su parte, a través del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), tendrá a su cargo la creación del Registro Nacional de Monitoreo y Vigilancia del Servicio de Internet (RENAMV), mediante el cual realizará la vigilancia y el monitoreo periódico de la velocidad de internet y otras características técnicas de las conexiones a internet de banda ancha. Asimismo, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) deberá informar de manera anual a la Comisión respectiva del Congreso sobre los avances en la implementación de la universalización del acceso a internet.
Observaciones desde el punto de vista normativo
Con motivo de la pandemia y las restricciones de movilidad y reunión, el incremento de actividades haciendo uso de las TIC ha despertado más que nunca el interés de nuestros congresistas en presentar propuestas relacionadas con el acceso y forma de usar Internet. Para esta ley, se acumularon varias iniciativas legislativas: los Proyectos de Ley 05398, 05942, 06283 y 06445. Luego de consensuar un texto sustitutorio y aprobarlo en el Pleno, el Congreso remitió la Autógrafa de Ley al Despacho Presidencial para su publicación; sin embargo, el Ejecutivo observó su contenido. Debido a que el Pleno decidió, sin ningún voto en contra, aprobarla por insistencia, la ley sigue adoleciendo de sus deficiencias normativas iniciales.
El despacho de la congresista Mirtha Vásquez, en un trabajo conjunto con Hiperderecho, presentó este jueves 17 de junio el Proyecto de Ley Nº 7907/2020-CR que tiene como finalidad regular la transparencia en el gasto de organizaciones políticas en redes sociales y garantizar la protección de datos personales en la propaganda electoral. Para la elaboración de este proyecto se tomaron en cuenta las investigaciones realizadas por Hiperderecho tituladas “Datos personales y elecciones” y “Restricciones a la propaganda electoral en redes sociales”, en el marco de nuestro proyecto “Democracia y Datos”.
Contexto
Como pudimos apreciar durante el último proceso electoral, la campaña se caracterizó por una ausencia de transparencia en el gasto en redes sociales y de respeto del derecho a la protección de datos personales. Tomando ello en cuenta, esta iniciativa legislativa busca implementar una serie de modificaciones e incorporaciones necesarias a las actuales Leyes de Organizaciones Políticas y Orgánica de Elecciones, en vista de la falta de regulación en torno a la difusión de propaganda política mediante redes sociales y plataformas digitales. Igualmente, el mencionado proyecto aborda la problemática del financiamiento público indirecto en redes sociales y otras plataformas, aportando algunas disposiciones que harían más viable esta disposición.
No son pocas las iniciativas legislativas que buscan regular las conductas de usuarios en Internet. La más reciente de ellas ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Descentralización Democrática: se trata del Proyecto de Ley 7661/2020-CR, que prohíbe la creación o utilización de cuentas falsas o anónimas en las redes sociales de Internet.
El Proyecto prohíbe que las personas creen o utilicen cuentas anónimas o falsas (es decir, que no se correspondan con su identidad) para difamar o vulnerar la intimidad personal de otras personas, repetir calumnias o injurias, o difundir noticias falsas. Asimismo, busca modificar el Código Penal para que la difamación mediante cuentas falsas sea sancionada con pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 7 años. También pretende que la difamación por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación (donde también se incluyen a las redes sociales) tenga una pena mayor: mientras que actualmente la pena es no menor de 1 ni mayor de 3 años, con la propuesta actual se elevaría a no menos de 4 ni más de 7 años.
Desde Hiperderecho, nos preocupa cómo podría aplicarse una eventual ley de este tipo. Esta no es la primera vez que llamamos la atención sobre propuestas orientadas a sobrerregular cada vez más Internet y los contenidos que allí se difunden, en lugar de construir un estándar de una Internet libre, abierta e incluyente. En este caso particular, se estaría prohibiendo un uso protegido del derecho a la libertad de expresión: la navegación en Internet bajo nombres sociales o seudónimos que difieran del documento de identidad. Con esto, se pierde de vista que el anonimato permite el ejercicio de varios derechos en la era digital, sobre todo cuando se trata de cuidarnos en Internet (pensemos, por ejemplo, en activistas que prefieren no ser identificados, defensores de derechos humanos que buscan evitar la persecución política, personas que han vivido violencia de género en línea y cambian sus nombres para no ser contactadas nuevamente por sus agresores, etc.).
En febrero de este año, congresistas del Grupo Parlamentario FREPAP han presentado un Proyecto de Reforma Constitucional para incorporar en nuestra Constitución Política el derecho a relacionarse digitalmente con el Estado (Proyecto de Ley 06995-2020/CR). Con la propuesta, el inciso 20 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que reconoce el derecho de petición, quedaría redactado de la siguiente manera:
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
A relacionarse digitalmente con el Estado y, a formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden ejercer individualmente el derecho de petición.
