El respetar y asegurar el ejercicio de derechos de todxs en nuestro país se enfrenta a una serie de retos que nos recuerdan de aquellas brechas sistemáticas en las que vivimos y nos relacionamos: lugar de origen, territorio, educación, acceso a recursos, lengua, sexo, edad, etc. Es también necesario precisar cuán más se complejiza el panorama si consideramos la intersección de estas aristas de privilegio-opresión y los grandes desafíos que las personas que ocupen estos lugares se enfrentarán para responder a estas situaciones: por ejemplo, pensemos en lo profundamente difícil que han sido estos años de educación a distancia para chicos y chicas de hogares que se encuentran en regiones en donde no hay una adecuada conectividad a Internet, en el que las familias subsisten con pocos recursos a disposición y en los que se tiene que asumir labores de cuidado con mayor frecuencia, además de intentar cumplir con labores educativas. No es objetivo de análisis de esta índole, no obstante, limitar la mirada en quién posee y accede a más o quién posee y accede a menos, sino a realizar un llamado a la acción a “nivelar el punto de partida” para todxs, de modo que tengamos las mismas oportunidades de desarrollarnos y vivir una vida plena, en la que nuestros derechos estén asegurados. En el contexto actual de pandemia, han sido estas brechas las que han incidido en cómo – tanto individual como comunalmente -, hemos podido enfrentar esta crisis sanitaria. 

¿Qué características adicionales tendría este escenario de precariedad si nos enfocamos en la población migrante en Perú? 

La población migrante venezolana asentada en distintas regiones del país conforma una de las comunidades que actualmente mayores retos enfrenta en su inserción laboral, acceso a servicios, recursos e información orientada su estatus migratorio, así como acceso a educación para su familia. Un tema que deja de ser un reto y es, más bien, una violencia a la que se enfrentan e impacta fuertemente en ellxs y su ejercicio de derechos es la discriminación y segregación que viven en distintas dimensiones de su vida social. En espacios virtuales, la proliferación de discursos de odio contra esta población se ha manifestado de distintas maneras: desde la reproducción constante de estereotipos asociados a criminalidad y violencia en medios de comunicación y redes sociales, pasando por acoso sexual a mujeres que buscan oportunidades laborales en páginas web y vulneración de sus datos personales, hasta la rotación viral de noticias falsas como cadenas en WhatsApp que indicaban falsas rutas de presentación de documentos para que venezolanxs pudieran acceder a vacunas en Perú o que en instituciones educativas nacionales y privadas, es la casa de estudio la cual tiene potestad de atender la solicitud de inscripción de un alumnx de familia migrante o no. Observamos con preocupación cómo es que las lógicas de reproducción de discriminación y legitimidad de discursos justificatorios de este tipo de violencias encuentran en espacios virtuales un terreno en el cual sosternerse y ser amplificados. Como ampliamente discutido en nuestra labor por la defensa de derechos en espacios digitales, los límites y diferencias que asociamos diferenciadamente al espacio físico y a la virtualidad son difusos e, incluso, desfasados. En el impacto “real” de la violencia en línea, vemos cómo la discriminación en redes sociales e Internet en general pueden constituir serias afectaciones a la vida diaria de personas migrantes venezolanas e, incluso, llamados a la violencia contra miembros de esta comunidad. De este modo, como una forma de abordaje frente a esta problemática, son necesarios espacios enfocados a sus necesidades como usuarios de Internet, de modo que puedan utilizar al espacio virtual como una herramienta para atender 

El poder de la alfabetización digital para formar ciudadanía y velar por el ejercicio de derechos 

Desde Hiperderecho, y con el apoyo de Internews, buscamos atender esta problemática desde el abordaje de la alfabetización digital como una herramienta para incidir en la concientización de defensa y respeto de derechos humanos de todxs en espacios físicos y digitales. Con la implementación del programa Conectad@s sin Fronteras hemos tenido como objetivo el llegar a migrantes venezolanos de Lima, Callao y Trujillo con capacitaciones en seguridad y habilidades digitales, ciudadanía digital, identificación y prevención de violencias en Internet y acción contra la desinformación en redes sociales. Para el desarrollo de este programa, se utilizó y adaptó la currícula Soy Digital de Facebook a las necesidades situadas de la población objetivo, de modo que los contenidos propuestos respondieran al interés de lxs participantes y los conocimientos brindados fueran puestos en práctica. Así, es nuestro compromiso el difundir información relevante para la formación de capacidades digitales para que ciudadanxs venezolanxs que tuvieron que migrar a Perú puedan contar con más opciones para desarrollarse en este territorio y convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades. La implementación de iniciativas de alfabetización digital se traducen en un conjunto de herramientas y conocimiento con los que se puede incidir en la construcción de ciudadanía digital, concepto que vemos imperante posicionar frente a los discurso de odio e información falsa en conjunto.

 

En la ejecución de talleres hasta el momento, hemos tenido la oportunidad de conocer más sobre las experiencias de personas migrantes venezolanxs y cómo experimentan su día a día en Internet. No solo esto les permite conectar con su comunidad dentro del país y sus familias en Venezuela, sino que les permite mantenerse informados sobre procesos de interés fundamental para ellxs como aquellos de índole política o de estatus migratorio. Por otro lado, cabe resaltar que desde espacios de comunidad, ellxs han podido responder y, en cierta medida, defenderse frente a campañas de desprestigio y/o discursos discriminatorios dirigidos ya sea a una persona o al colectivo entero. No obstante, se identifica que el conocimiento sobre tecnología, plataformas digitales y seguridad en línea son elementos que ayudarían en esta tarea de defensa y construcción de ver a todxs como ciudadanxs digitales. 

Tecnología como libertad

Conocer herramientas digitales y mejorar las capacidades de comunicación en línea son los primeros pasos para mitigar riesgos asociadas a los discursos de odio. Pensando en el espacio digital como uno que deseamos llegue a ser uno sin violencia, con estas nuevas prácticas y conocimientos, podemos reconocer qué tipo de agresor está detrás de los comentarios y narrativas xenofóbicas, misóginas o de cualquier tipo de discriminación. 

Apostemos por una alfabetización digital que signifique usos seguros y disfrute de la tecnología, de una Internet sin prejuicios trasladados a este espacio virtual. Creemos que a partir de estas nuevas reflexiones ubicadas en el espacio digital, no solo estamos incidiendo en una mejor convivencia y respeto de los derechos de todxs lxs usuarios, sino que posicionamos también esas preguntas para nuestra interacción en el espacio off-line. 

 

Desde Hiperderecho, cerramos el 2021 con la publicación del fanzine Acuerpándonos: Por una Internet feminista, diversa y libre. Este fanzine recoge las reflexiones y llamados a la acción que surgieron en las sesiones del programa de capacitación Cibercuidado para activistas 2021. La experiencia de coordinar, elaborar contenidos y facilitar este programa de capacitación nos presentó la posibilidad de expandir reflexiones e iniciativas  relacionadas lo que significa un espacio de formación en seguridad digital con enfoque de género. Esto ha sido principalmente gracias al compromiso, energías y curiosidad de lxs activistas que nos acompañaron en el programa y al flujo de opiniones, ideas y cuestionamientos que ellxs decidieron compartir a lo largo de las sesiones.  Leer más

El interés de las bancadas continúa fijado en el acceso a Internet. Conforme comentamos previamente, este tema —que es parte de la Agenda Legislativa para este periodo anual de sesiones— ya había sido aprobado en primera votación por el anterior Congreso, aunque no se llegó a agendar una segunda que permita la reforma constitucional. No obstante, en lo que va del periodo, se actualizó uno de los Proyectos que integraban la propuesta votada, al cual se le ha asignado el número 551/2021-CR. Asimismo, la bancada de Alianza Para el Progreso presentó un Proyecto muy similar, el 879/2021-CR, cuya única diferencia radica en haber omitido la garantía de acceso a una Internet “libre y abierta”. Por lo demás, ambas propuestas plantean que el acceso a Internet esté recogido en el marco del artículo 2, inciso 4, de la Constitución, relativo a las libertades informativas y de expresión.

Sin embargo, poco después se ingresó un tercer Proyecto de Ley, impulsado nuevamente por Alianza Para el Progreso, que también propone una reforma constitucional para reconocer el acceso a Internet como derecho fundamental. Se trata del Proyecto 881/2021-CR, el cual contiene diferencias sustanciales respecto de los dos anteriores. Leer más

Durante el anterior Periodo Parlamentario (2016-2021), fueron ocho los Proyectos de Ley presentados que buscaban, mediante distintas vías, declarar o reconocer el acceso a Internet como un derecho fundamental. Cuatro de estas propuestas fueron acumuladas (Proyectos de Ley 3156/2018-CR, 3607/2018-CR, 5600/2020-CR y 5843/2020-CR), debatidas y, posteriormente, votadas en el Pleno del Congreso. Allí, en marzo de este año, se aprobó, en primera votación, la reforma constitucional que reconoce como derecho fundamental el derecho de acceso a internet.

Aunque el Pleno aprobó un texto final que eliminó partes importantes del dictamen que reconocían la naturaleza libre y abierta de Internet, y a pesar de que no se subsanaron recomendaciones de técnica legislativa que remitimos en su oportunidad, se trataba de una reforma positiva. Sin embargo, no se agendó su votación para la siguiente legislatura (conforme indica en artículo 81° del Reglamento del Congreso para las reformas constitucionales), por lo que la propuesta no se concretó. De hecho, pasó al archivo —junto con todas las demás iniciativas pendientes de trámite, cualquiera fuera su estado procesal— en agosto de este año, por acuerdo del Consejo Directivo del actual Congreso electo.

Interés renovado

La promoción de la tecnología, la modernización del Estado y el acceso a Internet son cuestiones que cada vez van adquiriendo más vigencia, visibilidad e interés por múltiples actores (ciudadanía, sector privado, sociedad civil, sector público, etc.). La Agenda Legislativa aprobada para el Periodo Anual de Sesiones 2021-2022, que es el instrumento recoge los temas que tendrán prioridad en la formulación y debate (sea en Comisiones o en el Pleno) de Proyectos de Ley, es un buen indicador de ello. Al menos seis puntos de la agenda están vinculados con estos temas, entre los que destacan el punto 54: “acceso a Internet”. Se trata, por cierto, de un tema que viene siendo abordado, al menos, desde hace dos periodos legislativos.

En adición, las bancadas y el Consejo Directivo también han demostrado su interés en la temática al momento de proponer y/o actualizar proyectos. Así lo demuestra el Acuerdo de Consejo Directivo de 18 de octubre, por el cual se ha actualizado el Proyecto de Ley 3607/2018-CR, Proyecto de Ley de Reforma Constitucional que garantiza el derecho de acceso a un Internet libre y abierto, propuesto en 2018 por el entonces congresista Alberto de Belaúnde. Con ello, vuelve a trámite uno de los Proyectos que dieron origen a la votación de reforma constitucional en la materia, actualizado bajo la numeración 557/2021-CR. 

Contenido de la propuesta

La propuesta apunta a que se modifique la Constitución, de modo tal que el acceso a Internet sea recogido como un derecho fundamental. En ese sentido, se plantean, puntualmente, cambios en dos artículos: el 2.4, sobre las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento; y el 14, sobre la educación:

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…)

1. 1. 1. 1. 4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.

El Estado garantiza el derecho de acceso a un Internet libre y abierto.

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación.

Artículo 14.- La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. Asimismo, promover el acceso a Internet y la formación en las tecnologías de la información y comunicación.

La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias. La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa. Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. 

Al respecto, conforme hemos tenido ocasión de señalar en su momento, reconocemos que se trata de una propuesta con gran importancia para la normativa y políticas públicas del país, incluyendo aquellas relacionadas con la alfabetización digital y educación. Sin embargo, nos preocupa que la ubicación del derecho de acceso esté ubicado en el inciso de libertades informativas y de expresión, debido a que esto podría restringir innecesariamente su interpretación. El acceso a Internet puede ser visto como un derecho autónomo, y aunque fuera considerado un medio, conviene recordar que son muchísimos los derechos que se pueden ejercer haciendo uso de Internet (como, por el ejemplo, el acceso a la cultura, la educación, el trabajo, el libre desarrollo de la personalidad, etc.), sin restringirse únicamente a la libertad de expresión.

Finalmente, queremos hacer un énfasis especial en lo oportuno de plantear que el Estado estará obligado a garantizar no cualquier tipo de acceso a Internet, sino uno que respete su naturaleza libre y abierta. Resulta preocupante, por ejemplo, que Alianza para el Progreso haya presentado un Proyecto de Ley casi idéntico a este, el PL 879/2021-CR, con la salvedad de que omite la mención a un Internet libre y abierto. En ese sentido, llamamos la atención sobre la necesidad de que este extremo de la fórmula se mantenga y no se pierda al momento de elaborar un texto sustitutorio para el dictamen —o, eventualmente, al pasar al debate en el Pleno—. Una Internet libre, abierta e incluyente garantiza la neutralidad de red y salvaguarda su uso de la censura, conforme dictan nuestros principios democráticos.

 

Este último 20 de noviembre fue el Día Internacional de la Memoria Trans. En esta fecha, recordamos con mucho respeto y sentimiento a todas las personas víctimas de violencia transfóbica en sus distintas manifestaciones y, sobre todo, a quienes ya no están con nosotrxs producto de ellas. Asimismo, esta fecha significa un llamado a la acción al compromiso de rechazar activamente cualquier tipo de discriminación y agresión que atente contra los derechos de esta comunidad, una que ha sido sistemáticamente segregada en la historia de nuestro país y cuya vulnerabilidad ha sido ampliamente normalizada. 

En la promoción de la defensa y búsqueda de garantías de los derechos de todxs en Internet, la experiencia en línea de las personas trans resulta una de las que más frecuente e intensamente enfrenta afectaciones, vulneraciones y, en general, atentados por motivos de género. Esto, a su vez, nos posiciona frente a un panorama con aún mayores vulneraciones si se trata de colectividades que salen adelante con acciones autogestionadas, con menor acceso a recursos económicos y conectividad, ubicadas en espacios rurales, etc.  Leer más

El 24 de octubre se celebró el Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo. Se trata de una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para concientizar sobre la importancia de acceder a la información para conocer mejor las problemáticas en materia de desarrollo y hacer transformaciones a partir de ello (pensando, en específico, en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030). En ese camino, la Asamblea General ha sido enfática en reconocer el papel que cumplen las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para conducir nuevas soluciones a los problemas del desarrollo, dado su potencial para promover el crecimiento económico, la competitividad, el acceso a la información y el conocimiento, etc. Leer más

Hace un par de meses presentamos nuestro Informe 3 en Después de la Ley (DL): Construyendo un modelo de justicia de género para casos de violencia de género en línea (VGL), en la cual nuestras compañeras e invitadas tuvieron distintas reflexiones. Ha sido la primera vez que presentamos a las 5 personas que acompañamos en el camino hacia la justicia de género, destacando que la violencia de género en Internet es real y tiene consecuencias reales. En DL, el centro del proyecto son las personas y es lo que transmitimos en esta presentación: resaltamos que somos más que los episodios de violencia que alguna vez hemos atravesado y que esto implica tener una escucha activa e interseccional para poder identificar lo que atraviesan a cada una de ellas. Además, que necesidades reales se tienen frente a la vulneración de sus derechos y que necesidades o puntos en común encontramos, partiendo del entendimiento de la tecnología y de su propio significado de justicia de género. Leer más