En Hiperderecho creemos que la tecnología es un instrumento clave para cerrar las múltiples brechas en acceso al sistema legal en Perú. Bajo esta mirada, llevamos un tiempo trabajando en el desarrollo de una plataforma que facilite el entendimiento y la correcta presentación de reclamos en materia de seguros de salud. Con mucha alegría, el mes pasado presentamos la versión beta de Asegura tu Derecho, una herramienta web que permite revisar información en un lenguaje accesible y elaborar el documento que se necesita presentar ante la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) para la formulación de un reclamo. En este post les contamos un poco más de qué trata esta nueva plataforma web de Hiperderecho.
El problema
Durante el último año y medio de pandemia, muchos hemos pensado más que nunca en el sistema de salud. Hemos reflexionado sobre la falta de infraestructura, sobre su insuficiente capacidad operativa en tiempos de crisis, o nos hemos maravillado por la entrega y compromiso del personal sanitario. Pero quizás también hemos experimentado dificultades e inconvenientes que, aunque nos parecían nuevos, llevan mucho tiempo aquejando a miles de personas en nuestro país. En concreto, a través de múltiples reportes en medios de comunicación y también anecdóticamente, hemos reconocido los múltiples problemas que nuestros sistemas de salud privados y públicos ya traían de antes.
La migración de personas venezolanas en los últimos años ha ido en aumento en distintos países de América Latina. En el caso de Perú, ya sonmás de 1 200 000 de migrantes venezolanos y venezolanas de distintas edades que residen en distintas ciudades del país. Las condiciones de las y los venezolanos no son óptimas como ciudadanos migrantes, no solo en el aspecto laboral, sino también en el de salud, pues la pandemia por el Covid-19 ha generado que el trabajo informal – al que mayormente recurrían -, se vea interrumpido. En el caso de la educación, como con toda la población en el país, esta se encuentra limitada a los dispositivos tecnológicos que tenga la familia, así como al manejo y acceso a las tecnologías y herramientas de Internet.
Desde Hiperderecho, con la iniciativa y apoyo deInternewspresenta el programa de alfabetización #Conectad@sSinFronteras, el cual también se realiza en distintos países de la región como Colombia y Ecuador, donde la migración venezolana sigue en aumento.Leer más
Hiperderecho ha sido nominado al concurso Good ID Awards 2021 en la categoría promoción de la rendición de cuentas en Perú. Este premio busca reconocer las mejores iniciativas alrededor del mundo estudiando e impactando cómo entendemos la identidad digital.
¿Qué es Good ID?
Convocado por Omidyar Network, Good ID es un movimiento global por una buena identidad digital, formado por individuos, empresas y gobiernos que hacen campaña por la dignidad digital, la protección de datos, las tecnologías centradas en el ser humano y los programas de identificación de calidad.Leer más
“Empoderamiento de adolescentes” es un proyecto de investigación estamos trabajando actualmente. El proyecto busca analizar la brecha digital de género en el Perú y su impacto en mujeres adolescentes. Como parte de la primera fase de este proyecto, buscamos un/a asistente de investigación para realizar encuestas a adolescentes a nivel nacional, bajo un enfoque de género interseccional. Leer más
El SPIJ apareció en nuestro cuerpo normativo hace dos décadas, cuando el Decreto Supremo 019-2001-JUS (Reglamento de Organización y Funciones del MINJUSDH) estableció como una de las funciones de la entonces Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia “sistematizar la legislación nacional, las normas emitidas por el Poder Ejecutivo y la información jurídica de carácter general a través del Sistema Peruano de Información Jurídica” (art. 84.h).
Dos años después, considerando que “las permanentes modificaciones al Sistema Jurídico Peruano exigen que el Ministerio de Justicia continúe cumpliendo su función de sistematización y difusión de la legislación nacional e información jurídica de carácter general por medio de una edición oficial”, se incorporó la Suscripción Anual al SPIJ al TUPA como un servicio brindado en exclusividad.
Pocos días antes de culminar la última legislatura del Periodo Parlamentario 2016-2021, el Congreso aprobó por insistencia la Ley 31284, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1182, el cual regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Con esta nueva ley, se amplían los supuestos en los que la Policía Nacional del Perú puede solicitar la geolocalización de alguien sin una orden judicial previa.
El Decreto Legislativo 1182, más conocido como “Ley Stalker”, es una norma contra la que hemos manifestado nuestro rechazo reiteradamente. Aprobada en julio de 2015, se trata de una herramienta de vigilancia estatal masiva que viola la privacidad de las personas. Por un lado, ordena a las empresas de telecomunicaciones a guardar los datos de tráfico y uso de todos los usuarios durante tres años. Por el otro, autoriza a la Policía a acceder a la ubicación de cualquier persona a través de su dispositivo móvil sin una orden judicial previa, lo que constituye una medida inconstitucional. Para ello, debía tratarse de la investigación de un delito en flagrancia cuya pena fuera superior a cuatro años de privación de la libertad.
El último 2 de junio, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley 31207, Ley que garantiza la velocidad mínima de conexión a Internet y monitoreo de la prestación del servicio a Internet a favor de los usuarios. Con esta norma, se ha modificado la Ley 29904, Ley de Promoción de Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, de modo que ahora incluye una disposición que obliga a las empresas proveedoras de servicios de Internet a garantizar el 70% de la velocidad ofrecida en sus contratos y establecidas en los planes que publicitan. Como correlato, se ha incluido el derecho a obtener una velocidad mínima garantizada no menor al 70% en el Código de Defensa y Protección del Consumidor, así como al derecho a tener herramientas de medición de velocidad que deben ser brindadas por las empresas vía web.
El Estado, por su parte, a través del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), tendrá a su cargo la creación del Registro Nacional de Monitoreo y Vigilancia del Servicio de Internet (RENAMV), mediante el cual realizará la vigilancia y el monitoreo periódico de la velocidad de internet y otras características técnicas de las conexiones a internet de banda ancha. Asimismo, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) deberá informar de manera anual a la Comisión respectiva del Congreso sobre los avances en la implementación de la universalización del acceso a internet.
Observaciones desde el punto de vista normativo
Con motivo de la pandemia y las restricciones de movilidad y reunión, el incremento de actividades haciendo uso de las TIC ha despertado más que nunca el interés de nuestros congresistas en presentar propuestas relacionadas con el acceso y forma de usar Internet. Para esta ley, se acumularon varias iniciativas legislativas: los Proyectos de Ley 05398, 05942, 06283 y 06445. Luego de consensuar un texto sustitutorio y aprobarlo en el Pleno, el Congreso remitió la Autógrafa de Ley al Despacho Presidencial para su publicación; sin embargo, el Ejecutivo observó su contenido. Debido a que el Pleno decidió, sin ningún voto en contra, aprobarla por insistencia, la ley sigue adoleciendo de sus deficiencias normativas iniciales.
Vale la pena mencionar que no existe información en el país sobre en qué consiste la vigilancia policial ni sus consecuencias. Esto lleva a desinformación y pánico entre activistas porque temen ser vigilados. Es urgente recabar esta información y capacitar a la ciudadanía sobre cómo protegerse de vigilancia y represión policial también en espacios digitales. Leer más
Iniciamos la segunda etapa de difusión de en Después de la Ley con nuestra Guía de recomendaciones para personas que tienen amigas/os/es que atraviesan VGL
El camino hacia la justicia de género resulta desgastante en distintos aspectos, por eso, tener una red de apoyo o una/o/e acompañante, es necesario para alcanzar cualquier tipo de reparación, así es que desdeDespués de la Ley (DL) elaboramosesta guía basándonos en el acompañamiento social y psicojurídico de las 5 personas en las que se centra DL, para aquellas/os/es que cumplan un rol de soporte con personas que enfrentan VGL.
¿De dónde partimos?
Además de haber identificado la necesidad de una red de apoyo, como mujeres que hemos atravesado VGL en algún momento de nuestras vidas, nos sentimos reflejadas en esas necesidades y situaciones que nuestras compañeras nos iban compartiendo cuando hablábamos de su red de acompañamiento fuera de Hiperderecho. Si bien, todas las personas enfrentamos la VGL de distintas maneras, existen episodios, situaciones y sentimientos en común, por eso partimos de la empatía.
Tener una escucha activa y estar para nuestra/e/o amiga/e/o, es un acción muy valiosa, pues a pesar de las similitudes cuando se atraviesa VGL, el tipo de sanación que cada persona necesita es relativa y muchas veces manifestar las emociones, sentires y saber que no están solas/es/oes, marca una gran diferencia.
En ocasiones, se le resta importancia a la VGL por suceder en espacios digitales o nos hemos culpabilizado por la idea equivocada de “habernos expuesto” sin embargo, que una tercera persona nos recuerde que no es nuestra culpa y que lo que estamos sintiendo es completamente válido, resulta poderoso de distintas maneras para sanar o alcanzar una posible justicia de género.
El apoyo con enfoque de género
Con esta guía, reconfirmamos la necesidad de no estar solas/os/es en un proceso de VGL y que este apoyo debe ser desde la empatía con enfoque de género. Esto implica reconocer la magnitud de la violencia que ha atravesado y que las consecuencias son reales, para poder aconsejar a nuestra/o/e amiga/o/e sin ningún tipo de juzgamiento, y así tome la decisión con la que se sienta más cómoda/e/o, priorizando acciones para garantizar su integridad y luego encontrar la reparación.
Apoyar con enfoque de género también implica que como acompañantes nos sintamos listas/os/es para estar al lado de nuestra amiga/o/e, pues cuidar nuestra salud física y emocional, permite ser ese cable a tierra que posiblemente necesite.
La información como herramienta, siempre
También detallamos recomendaciones respecto al conocimiento mínimo necesario si la decisión de nuestra amiga//e es denunciar, pues las rutas de atención para VGL varían según la tipificación y el Sistema Jurídico al que nos enfrentamos tiene sesgos machistas, homolesbobitrasnfobicos, racistas y podria enfrentar distintos tipos de discriminación, así que para que los derechos de nuestra/e/o amiga/e/o no sean vulnerados, primero debemos conocerlos.
Por último, decida o no denunciar, estar juntas/os/es para encontrar espacios de diálogo seguro y apoyo psicológico profesional, será reconfortante, así como brindarle información o herramientas para que habite y disfrute de Internet de manera libre y segura.
Las/os/es invitamos a que descarguen aquí la guía y la compartan con todas las personas que puedan estar acompañando casos de VGL.
El despacho de la congresista Mirtha Vásquez, en un trabajo conjunto con Hiperderecho, presentó este jueves 17 de junio el Proyecto de Ley Nº 7907/2020-CR que tiene como finalidad regular la transparencia en el gasto de organizaciones políticas en redes sociales y garantizar la protección de datos personales en la propaganda electoral. Para la elaboración de este proyecto se tomaron en cuenta las investigaciones realizadas por Hiperderecho tituladas “Datos personales y elecciones” y “Restricciones a la propaganda electoral en redes sociales”, en el marco de nuestro proyecto “Democracia y Datos”.
Contexto
Como pudimos apreciar durante el último proceso electoral, la campaña se caracterizó por una ausencia de transparencia en el gasto en redes sociales y de respeto del derecho a la protección de datos personales. Tomando ello en cuenta, esta iniciativa legislativa busca implementar una serie de modificaciones e incorporaciones necesarias a las actuales Leyes de Organizaciones Políticas y Orgánica de Elecciones, en vista de la falta de regulación en torno a la difusión de propaganda política mediante redes sociales y plataformas digitales. Igualmente, el mencionado proyecto aborda la problemática del financiamiento público indirecto en redes sociales y otras plataformas, aportando algunas disposiciones que harían más viable esta disposición.
