Este 25 de noviembre conmemoramos, con memoria y rebeldía, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. En esta fecha queremos enfatizar y reconocer los esfuerzos continuos de todes quienes luchan contra las violencias que no nos permiten ser libres y disfrutar de nuestras vidas. Aun con ese gran trabajo, las violencias a las que nos enfrentamos las mujeres en nuestra diversidad no han sido reparadas ni mucho menos han encontrado justicia eficaz en un sistema que las continúa justificando históricamente en cualquier escenario o espacio.
En las últimas semanas hemos vivido de una manera más cercana el estallido del constante abuso de poder y mala ejecución de las funciones policiales en nuestro país. La represión policial en las manifestaciones tuvo como consecuencia los asesinatos de Inti y Bryan, personas desaparecidas, cientos de herides y, hasta el momento, dos (2) testimonios de violencia sexual hacia mujeres detenidas en el mismo contexto de las manifestaciones. En este contexto, bajo un enfoque de género, recalcamos el abuso policial al que nos enfrentamos principalmente las mujeres. No solo por la forma en la que la policía realiza la atención de denuncias de violencia de género, si no que muchas veces son ellos mismos quienes ejercen esta violencia, sea de manera física, emocional o digital.
“La policía no me cuida, me cuidan mis amigas” es una frase cada vez más usada por las mujeres, pues el abuso ejercido por la policía es una violencia sistemática, estructural y machista. Frente a ello, queda mucho más claro la importancia de internet como una herramienta clave para denunciar la violación de nuestros derechos, darnos soporte entre amigas y reconocer que también en el espacio digital se reproducen prácticas de opresión y violencia dirigidas a mujeres y disidencias.
Desde Hiperderecho creemos y fomentamos el uso de la tecnología y espacios digitales de manera libre y segura. Además, reafirmamos la importancia de visibilizar, prevenir y buscar justicia de género para personas que enfrentan VGL, así hacer de internet un espacio de libertad y disfrute para todes. Sin embargo, sabemos que las mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ+ estamos en una situación de mayor vulnerabilidad ante esta violencia, por expresar nuestra opinión, defender nuestros derechos y expresar nuestra sexualidad.
Hoy que el país está despertando y, en conmemoración del #25N, queremos reconocer y agradecer a todas las colectivas y activistas que nos han permitido trabajar y aprender de elles. Con su ayuda, seguimos trabajando para que internet sea una herramienta potente que apoye a la eliminación de la violencia de género, ya sea a través del acceso a información sobre aborto seguro, mejorando nuestros habitos de segurida digital, creando comunidad para combatir el acoso, etc. Desde Hiperderecho seguimos comprometidas y comprometidos a aportar a las luchas feministas. Las mujeres en nuestra diversidad, organizadas a lo largo del país, han sido, son y serán fundamentales para el trabajo en la eliminación de la violencia contra la mujeres y disidencias, reconocemos y agradecemos su trabajo, energía y su apuesta por una mejor sociedad.
En septiembre del 2018, se promulgó el Decreto Legislativo 1410 y en Hiperderecho sentimos un alivio. Habíamos pasado la gran parte de ese año documentando casos de violencia en internet junto a mujeres cis, personas LGBTIQ y activistas feministas, quienes con mucha valentía y vulnerabilidad, nos contaron sus experiencias de violencia en el espacio digital. Nos contaron cómo la violencia las hizo sentir y cómo afectó su relación con su voz y sus cuerpos. Nos confesaron que muchas veces sentían que perdían las fuerzas y que internet parecía tierra de nadie. Y también reafirmaron que la contención feminista fue clave para que ellas deciden quedarse en este espacio y luchar por sus derecho a estar conectadas a internet.
En ese escenario, la promulgación del Decreto Legislativo 1410, la norma que modificó al Código Penal y convirtió en delito al acoso, acoso sexual, el chantaje sexual en internet y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento (DIISC) nos brindó esperanza. Creíamos que con él, se abrirían una serie de caminos y mecanismos para que todas estas personas puedan finalmente buscar protección, reparación y justicia. Sin embargo, dos años después estamos enfrentándonos a una dura realidad al reconocer que todos aquellos obstáculos que enfrentan quienes denuncian violencia de género, se están replicando para quienes denuncian violencia de género en línea. Hoy entendemos que aún queda un largo camino por recorrer para que quienes viven violencia en internet, se sientan realmente respaldadas y contenidas por el Estado.
Así nace Después de la Ley, un proyecto de investigación y acompañamiento que estamos lanzando oficialmente a partir de mañana 25 de noviembre y que busca entender hasta qué punto el sistema de justicia peruano ofrece una atención adecuada, con enfoque de género, sin revictimización, culpabilización y ninguna forma de violencia, para casos de violencia de género en línea. En este post te contamos un poco más sobre en qué consiste este proyecto y por qué las preguntas y hallazgos que levanta son tan relevantes en el entorno político y social en el que vivimos.
“Hay una gran desconfianza en las instituciones estatales, una gran sensación de impunidad. Independientemente de que estemos saludando nuevas medidas legislativas, esto no necesariamente se está traduciendo en el cotidiano de las mujeres. Ellas van a denunciar y a veces no logran hacer la denuncia porque encuentran una mala respuesta o porque no se les da una salida”
Sin embargo, lo más grave es que no solo se trata de miedo, si no de una verdadera posibilidad de volver a vivir violencia al realizar la denuncia. El deber justificar frente a operadores de justicia que los testimonios son válidos y veraces, el lidiar con procesos re-victimizantes, el tolerar la deslegitimación de sus testimonios de violencia a propósito de prejuicios machistas – todas son formas de violencia psicológica. En los casos más graves, también hemos sido testigos sobre cómo la policía es capaz de enmarrocar a una mujer que ha vivido violencia doméstica, de ejercer violencia sexual sobre mujeres trans o por medio de su inacción, hasta acabar con sus vidas.
«[Una investigación de la Defensoría del Pueblo] identificó que al 92% de usuarias […] no se les brindó medidas de protección y el 36% recibió comentarios descalificadores, cuestionadores y de desconfianza por parte del personal policial. […] Además, se debe tener en cuenta que el 28% devíctimas de feminicidio y tentativa de este delito, denunciaron hechos previos de violencia, sin embargo la mitad de ellas terminaron siendo cruelmente asesinadas por sus parejas o ex parejas.»
Esta situación nos preocupa, primero porque el daño que recae sobre los cuerpos, identidades y las vidas de mujeres y personas que acuden a la policía buscando protección de la violencia de género es irreparable. Pero también nos preocupa porque la violencia de género muta: se transforma, se adapta y aparece en nuevos espacios y formatos que hoy podrían estar siendo deslegitimados simplemente por no ser entendidos o por estar normalizados. Al estar inmersas en una cultura de machismo y de violencia estructural, nos preguntamos cómo podemos cuidar a las mujeres y a las personas que, amparándose en la misma ley, deben acercarse a una policía a denunciar específicamente violencia digital. ¿A qué prejuicios se enfrentarán? ¿Por qué serán culpadas? ¿Cómo también se va a transformar la impunidad?
En este contexto y mientras continuamos demandando una reforma policial, la promulgación del Decreto Legislativo 1410 se perfila solo como un comienzo para cuidarnos de la violencia en línea. Mientras estas normas continúen siendo aplicadas e interpretadas dentro de la cultura de impunidad en la que vivimos, no serán suficientes para que la policía nos cuide y para que nos animemos a denunciar. Por eso, desde Hiperderecho estamos lanzando un proyecto diseñado para cuidarnos entre nosotras: con información, con contención y con feminismo.
Una investigación con enfoque feminista
Después de la Ley es un proyecto de investigación y acompañamiento que nace para conocer y entender las rutas de atención disponibles para atender casos de violencia de género en línea. En el 2019, partimos desde la premisa que todas las personas tienen el derecho a obtener justicia de manera segura, rápida y efectiva, independientemente de su género, orientación sexual o identidad o el tipo de violencia que han vivido, y queríamos darles la información legal necesaria para que puedan hacerlo.
Sin embargo hoy entendemos que la búsqueda de justicia es desafiante, ardua y diversa. Requiere de mucha información, pero también requiere de cuidados colectivos y contención para superar los obstáculos que podamos encontrar en el camino. Por eso hoy nuestro proyecto, busca ante todo generar espacios para co-crear y compartir información sobre justicia y violencia en línea desde un enfoque feminista; y para que aprendamos sobre las mejores maneras de cuidarnos en este arduo pero valiente proceso.
Este acercamiento está plasmado en los cuatro pilares del proyecto (que podrás conocer en mayor profundidad a partir de el 25 de noviembre en nuestra página web):
Acompañamiento feminista a quienes han vivido violencia
Para entender las necesidades y obstáculos de quienes viven violencia – y cuidarlas en el proceso – estamos acompañando a cinco (5) personas que han vivido seis (6) casos de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y DIISC. Cada una de ellas tiene su propia historia de vida de lucha contra la VGL y son sus voces, experiencias y necesidades las que guían este proyecto. Tomamos sus casos a partir de enero del 2020 y nos comprometimos a brindarles acompañamiento (legal, digital y social) buscando que su proceso de denuncia esté acompañado de un espacio de contención y desfogue para soltar ideas, preocupaciones y frustraciones. Este acompañamiento ha sido diseñado de la mano de cada una de ellas, y está arraigado en una ética de cuidado feminista que prioriza sus necesidades de contención, protección y reparación al tomar las decisiones relacionadas a su caso.
2. Investigación jurídico feminista de las rutas de atención y las leyes vigentes
Para identificar las rutas de atención disponibles y entender hasta qué punto el sistema de justicia está respondiendo a sus necesidades, apostamos por utilizarla metodología jurídica feminista; una metodología que nos permite ir más allá de la ley, y transversalizar el enfoque de género en la comprensión del Derecho, el estudio de casos de violencia en línea y la identificación las rutas de atención disponibles para atender estos casos. La metodología jurídica feminista nos permiten investigar los sesgos en el Derecho y sustentar cuán necesario es que el Derecho sea creado, aplicado, interpretado y seleccionado tomando como eje las necesidades de las mujeres y personas LGTBIQ+ . Como parte del proyecto estaremos divulgando las rutas de atención disponibles para denunciar violencia en línea pero también nos permitiremos apostar por objetivos más ambiciosos: como la reforma del Derecho y del sistema de justicia peruanos desde el enfoque de género y el feminismo.
3. Co-construcción y difusión abierta del conocimiento
El diseñar una investigación desde un enfoque feminista, implica reconocer que podríamos replicar dinámicas de poder, sesgos y prejuicios en nuestra investigación. Por ello, creamos mecanismos para que las personas que participan – tanto quienes están denunciando sus casos, como investigadores y colaboradores – tengan la oportunidad de darnos su consentimiento, su validación o sus críticas. Entre ellos: formamos una red de expertas y expertos, conformado por personas que han vivido violencia de género en línea, investigadores, psicólogas y abogadas, que nos brindan sus perspectivas y sugerencias para construir remedios efectivos a los obstáculos encontrados en las rutas de denuncia. También, a partir del 27 de noviembre, estaremos liberando nuestros instrumentos de investigación y hallazgos preliminares – a pesar de que la investigación continúa en curso. Con ellos buscamos continuar tejiendo redes de apoyo y conocimientos diversos que nos permitan superar los obstáculos de manera crítica y colectiva.
4. Educación comunitaria sobre nuestros derechos
Finalmente, creemos fundamental que las mujeres y personas LGTBIQ+ conozcan y puedan reflexionar sobre sus derechos, no solo al interponer la denuncia, sino durante toda la ruta de atención. Por eso estamos apostando por democratizar las rutas de atención disponibles para casos de violencia en línea por medio de talleres participativos, guías prácticas y charlas que difundiremos en el 2021 para socializar esta información – además de publicarla de manera continuamente en la página web de Después de la Ley.
Participa de Después de la Ley
Si te gustaría conocer más sobre este proyecto, te invitamos a que a partir del 25 de noviembre visites nuestra página web y a que te suscribas a nuestro boletín informativo. En él, podrás encontrar información actualizada sobre los casos, los informes, las guías prácticas que publicaremos y los talleres planeados para el 2021.
También te invitamos este viernes 27 al primer conversatorio sobre Después de la Ley a la 5pm, en el que hablaremos sobre los obstáculos para enfrentar violencia de género en línea con compañeras de Paraguay, Colombia y México que nos contaran cómo se manifiesta y cómo se vive la búsqueda de justicia en sus países.
Nos encontramos en tiempos de una grave crisis política. Durante los últimos días, hemos visto cómo la ciudadanía se ha organizado para protestar en contra del congreso y de la designación de Manuel Merino como presidente del Perú, cargo que ocupó apenas unos días.Precisamente, su salida es producto de la presión de las multitudinarias protestas diarias, en las que las redes sociales han sido un escenario central de coordinación de distintos accionares, así como de generación de redes de apoyo y contención en respuesta de la represión policial vivida en las marchas. En la última semana, hemos sido cada vez más quienes hemos asumido una posición crítica y vigilante respecto al orden político – al desorden político – y, en esa línea, plasmado nuestro sentir en redes sociales, autoconvocándonos a distintas formas de protestar. Así, la indignación sentida por la población ha trascendido actores y espacios recurrentes de activismo y llegado a más personas, tanto en la calle como en la esfera digital. Somos cada vez más quienes reconocemos que es nuestro derecho protestar frente a injusticias, así como que nuestro bienestar no se vea vulnerado mientras lo hacemos.
En este post, te contamos sobre la importancia de la seguridad digital holística para proteger a quienes usan internet para ejercer y defender sus derechos; y sobre el Kit de Cibercuidado para Activistas. Esta es una guía de seguridad digital pensada en las necesidades de activistas feministas y de la población LGTBIQ+, quienes han tenido un rol importante en durante las protestas y en redes sociales. Este proyecto se une a los esfuerzos ya realizados por Hiperderecho en la misión de hacer más accesible el entendimiento público de las tecnologías y el respeto de los derechos y libertades en entornos digitales y reconoce especialmente, además, la importantísima labor de aquellas personas que han encontrado en Internet un espacio para imaginar, organizar y accionar conjuntamenteLeer más
Desde el lunes 9 de noviembre en diversos puntos del país la ciudadanía ha ejercido su derecho a la protesta contra la ilegítima vacancia presidencial intentada por el Congreso de la República contra el Presidente Vizcarra. Esto significó un atentado contra el equilibro de poderes del Estado y se sumó a la crisis económica y social agudizada por la pandemia del Covid 19. La ciudadanía en todo el territorio peruano se encuentra protestando pues esto evidencia que nuestras necesidades no son parte de la agenda política de las autoridades que conforman el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Todos estos días la desmedida represión efectuada por los agentes policiales e infiltrados han sembrado el miedo entre quienes manifiestan sus voces de protesta en las calles.
Este miedo se ha trasladado al espacio digital, debido a que los videos o fotografías de los abusos policiales están siendo difundidos en redes sociales por personas que los presencian. Esto contrasta con la labor de los medios tradicionales que hasta el momento se han dedicado a criminalizar la protesta y brindar información sesgada e incompleta. La labor de los manifestantes al registrar las vulneraciones de derechos humanos es alentada. Sin embargo, múltiples afirmaciones se han difundido en torno a la tecnología en contexto de protesta. A continuación aclaramos algunos de ellos para que continúes realizando acciones de protesta con información veraz y tomando a la tecnología como herramienta fundamental para ello.Leer más
Este año han pasado muchas cosas. Una de ellas es que hace unas semanas hemos presentado por tercera vez consecutiva el informe Quien Defiende Tus Datos 2020, una iniciativa de Hiperderecho en conjunto con la Electronic Frontier Foundation (EFF) que revela las buenas prácticas de las empresas de telecomunicaciones del país en torno a nuestra privacidad
¿Qué es el informe Quién Defiende Tus Datos?
Es una iniciativa que busca identificar cuáles son las prácticas de los proveedores de servicios de acceso a Internet respecto de la protección de la privacidad de sus usuarios. Su finalidad es ofrecer un análisis comparativo que permita a los usuarios de estos servicios conocer qué empresas emplean las mejores prácticas a la hora de proteger el secreto de las comunicaciones y de qué manera les informan sobre la forma en que sus datos personales se usan y son compartidos con terceros, especialmente con agentes u oficinas del gobierno. Los resultados que ofrece esta investigación también buscan motivar a las empresas a mejorar dichas prácticas y convertirlas en un elemento diferenciador de sus servicios dentro del mercado.
Hiperderecho, gracias al apoyo de la EFF, realiza por tercera vez este reporte, habiendo hecho su primer informe en 2015 y el segundo en 2019. Reportes similares son llevados a cabo en el resto de la región por otras organizaciones comprometidas también con el respeto de la privacidad.
¿Cuáles son los resultados de este año?
Algunos de los hallazgos más interesantes son:
En lo que se refiere a las evaluaciones, a diferencia de años anteriores, en donde la regla ha sido que las empresas obtengan calificaciones desaprobatorias, en la presente edición son hasta dos las empresas que han obtenido calificaciones aprobatorias, las que son además bastante altas. En el caso de las demás, si bien no han obtenido notas aprobatorias, no han empeorado respecto del reporte anterior, pese a que este año se han evaluado más categorías. Varios factores pueden haber contribuido a ello, pero quizás uno de los demás determinantes es que las empresas con mejor puntaje son aquellas que, habiendo sido contactadas, han remitido sus respuestas con el fin de corregir o complementar la información obtenida durante nuestro análisis preliminar.
En el caso de las categorías de “Políticas de Privacidad” y “Autorización Judicial”, casi todas las empresas han obtenido los puntajes completos. Por supuesto, esto se debe a varios factores: las leyes vigentes de telecomunicaciones y protección de datos del país, el interés creciente de la sociedad por el resguardo de la privacidad, las obligaciones internacionales a las que están sujetas las empresas transnacionales, etc. No obstante todo ello, no deja de ser positivo que se haya llegado por fin a un “piso” mínimo desde el cual partir para realizar mejoras más sustantivas.
Finalmente, hemos encontrado positivo descubrir que, pese a que localmente no se percibe a las empresas de telecomunicaciones como actores confrontacionales frente al Estado, en realidad estas sí han accionado diferentes mecanismos de opinión, consulta e incluso objeción a ciertas prácticas contrarias a la privacidad. Sin embargo, al igual que en el caso de los documentos de transparencia, consideramos que debería existir más visibilidad en este tipo de acciones por lo menos hacia actores interesados (como ONGs locales e internacionales, usuarios, etc.), entre los cuales se puede construir con el tiempo una red de apoyo que descanse en sus agendas comunes.
Consulta el reporte y la presentación oficial
El informe final puede ser consultado en el siguiente enlace y también los invitamos a visualizar en diferido la presentación oficial que se llevó a cabo la última semana del mes de octubre y estuvo a cargo de Veridiana Alimonti de la EFF y Carlos Guerrero de Hiperderecho.
En el Perú existen aproximadamente 250 mil personas trabajando de manera remota. Aunque en teoría trabajar desde casa nos brinda mayor flexibilidad en cuanto a horas y condiciones de trabajo, estamos descubriendo que también crea muchos desafíos para nuestro bienestar. Entre ellos: la fatiga y sedentarismo que resulta de estar frente a una pantalla todo el día, las barreras menos nítidas entre nuestra vida personal y familiar, y, en el caso de las mujeres, la sobrecarga de trabajo que se les impone a propósito de los roles de género que siguen vigentes en la sociedad peruana.
En Hiperderecho apostamos por que la tecnología e internet sean herramientas para asegurar nuestra libertad, seguridad, y bienestar. Por ello nos llamó mucho la atención que el Estado peruano, mediante el reciente Decreto de Urgencia Nro. 127-2020, reconozca el derecho a la desconexión digital para quienes trabajan de manera remota. En este post te contamos de qué se trata el derecho al descanso en relación a la tecnología y a la jornada laboral, así como sus implicaciones para nuestro bienestar y salud mental.
¿Qué es el derecho a la desconexión digital?
El “derecho a la desconexión digital” hace referencia a que todas aquellas personas que trabajan de manera remota puedan desconectarse de los medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos utilizados para la prestación de sus servicios, cuando se encuentran fuera de su jornada de trabajo y durante los días de descanso, licencias y periodos de suspensión de la relación laboral. Esto significa que durante este período el empleador ya no puede exigir al trabajador la realización de tareas o coordinaciones de carácter laboral.
A finales de 2019, Hiperderecho emprendió una investigación para conocer cómo se ha desarrollado la Identidad Digital en el país, tanto en el sector público como en el privado. Nuestro objetivo era hacer un mapeo de actores, normas y tecnología, de una forma similar a lo que ya habíamos hecho en un proyecto anterior sobre tecnologías biométricas. No obstante, esta vez no solo queríamos identificar problemas, sino también plantear soluciones a ser aplicadas mediante la vía de la incidencia y el litigio estratégico.
Dentro de las actividades programadas, contemplamos no solo el relevo de información y su respectivo análisis, sino también la consulta directa con actores del ecosistema digital peruano. Esto último con el propósito de tener una imagen más completa de la Identidad Digital y contrastar lo que esta dice ser en el papel, de cómo se la percibe por quienes tratan con ella a través de sus diferentes manifestaciones. Tomamos además la decisión de separar el análisis de los elementos legales (normas, entidades) de los técnicos (tecnología) para un mejor estudio.
Este artículo trata sobre los hallazgos en el plano normativo, que están recogidos en el Informe Legal sobre Identidad Digital:
La identificación como práctica humana
En el recuento inicial de antecedentes, consideramos apropiado hacer una breve enumeración de hechos trascendentes en el campo de la identidad. Para empezar, señalamos que la identificación parece ser una práctica humana muy antigua, incluso previa al lenguaje. Esta práctica ha cambiado a lo largo del tiempo, pasando de ser una forma de diferenciación personal a una herramienta de control desde el poder público. Civilizaciones como el Imperio Babilónico y Roma emplearon diferentes formas de identificación para sus ciudadanos. El Perú prehispánico no es ajeno a esta situación, teniendo al sistema de registro mediante quipus como su más grande exponente.
Durante el 2020, hemos estado desarrollando un ambicioso proyecto de investigación sobre cómo funciona la identidad digital en nuestro país. Aunque todos llevamos un documento de identidad en el bolsillo y somos diariamente identificados en diversos espacios, todavía es poco lo que conocemos sobre qué reglas aplican a este sistema, cuáles son sus límites y cómo conversa con otros ordenamientos legales. A través de este proyecto, queremos ofrecer una comprensión crítica de este fenómeno en movimiento en el país. Al mismo tiempo, este proyecto ha sido desafiado y se ha enriquecido por la situación de emergencia del Covid-19, que ha acelerado el uso de tecnología en diversos espacios y presentado nuevos problemas.
Otro de los aspectos que nos ha interesado en particular es cómo funciona técnicamente este sistema. RENIEC, siendo el organismo autónomo encargado de la identificación de los peruanos, se encargó del diseño, implementación y validación de los mecanismos tecnológicos para que los peruanos podamos hacer uso de diversos trámites y procesos provistos por el estado donde requiera una validación de nuestra identidad.
En nuestro informe Análisis de la plataforma e infraestructura de Identidad Digital de RENIEC exploramos las diversas maneras en las que RENIEC ha puesto en marcha la validación de identidad digital de los peruanos, mediante diversos canales y herramientas: desde el uso de hardware, como el DNI-electrónico, hasta el uso exclusivo de software mediante reconocimiento facial.
Durante el 2020, hemos estado desarrollando un ambicioso proyecto de investigación sobre cómo funciona la identidad digital en nuestro país. Aunque todos llevamos un documento de identidad en el bolsillo y somos diariamente identificados en diversos espacios, todavía es poco lo que conocemos sobre qué reglas aplican a este sistema, cuáles son sus límites y cómo conversa con otros ordenamientos legales. A través de este proyecto, queremos ofrecer una comprensión crítica de este fenómeno en movimiento en el país. Al mismo tiempo, este proyecto ha sido desafiado y se ha enriquecido por la situación de emergencia del Covid-19, que ha acelerado el uso de tecnología en diversos espacios y presentado nuevos problemas.
En 2018, Hiperderecho condujo por primera vez una investigación sobre la situación de la identificación biométrica en el país. Al ser un trabajo inicial y exploratorio, nos centramos en describir los aspectos institucionales y legales del sistema biométrico en el Perú. Los hallazgos de dicha investigación han sido empleados como la base de esta nueva entrega, que apunta más arriba, hacia el origen mismo de las políticas públicas de identificación.
Descifrando a RENIEC
Perú cuenta con un sistema de identificación que utiliza una base de datos centralizada gestionada por un organismo público autónomo: RENIEC. Esta entidad fue creada por la Constitución de 1993, que le encargó la tarea de crear un registro civil único en donde se consigne la información personal de todos los peruanos. Para lograr este objetivo, posteriormente RENIEC creó el Documento Nacional de Identidad (DNI), que es actualmente el único documento exigible para la identificación de la persona frente al Estado, pero también para sus interacciones con los privados. Por disposición legal, el DNI almacena datos personales como nombre, sexo, fecha de nacimiento, firma, huella dactilar, entre otros. Este documento ha ido transformándose con el tiempo y recientemente, posee una versión que incorpora tecnologías de firma digital: El DNI electrónico (DNIe). Sobre este instrumento es que se ha construido el actual sistema de Identidad Digital peruano, al menos desde el sector público.
En su calidad de entidad única encargada de gestionar la base de datos personales más completa del país, RENIEC no solo ha logrado afianzar su concepto de Identidad Digital en el sector público, sino que ha exportado su modelo al sector privado. Igual que con las tecnologías biométricas, la adopción por parte del sector privado es mayoritariamente voluntaria, pero a veces también viene impuesta por el marco legal vigente.
A pesar de la predominancia del modelo de Identidad Digital de RENIEC, es posible reconocer también la existencia de un desarrollo en esta materia en el sector privado, pero que actualmente es marginal. Desde su posición hegemónica, RENIEC no ha tenido límites normativos a la hora de desarrollar sus planes de expansión del sistema de Identidad Digital.
Pese a que RENIEC no reconoce límites a la tecnología que puede desarrollar en virtud de su mandato de lograr la identificación de los peruanos, existen algunas normas y entidades que ponen a prueba estos límites. Por ejemplo, la Constitución y su ley orgánica han establecido límites en su actuación y no puede crear normas. Tampoco puede transgredir algunos principios como el de la intimidad o la privacidad. También hay otras entidades cuyas competencias también parecieran superponerse y podrían afectar su modelo de Identidad Digital. Por ejemplo: La Policía Nacional posee bases de datos personales y su propio sistema de identificación, llamado AFIS Policial. La Superintendencia de Migraciones tiene su propio sistema de identificación para extranjeros residentes en el país, que RENIEC no contempla en sus bases de datos y a los cuales pronto entregará también documentos similares al DNI electrónico. La Secretaría de Gobierno Digital también ha empezado a regular la Identidad Digital, nombrándose el ente rector de estas políticas, lo que resta autonomía a RENIEC en este ámbito. Finalmente, están las normas de protección de datos personales, pero pareciera que estas han sido hechas de una forma que no afectan necesariamente la autonomía de RENIEC.
