Este viernes 18 de septiembre a las 6 pm continuamos con el ciclo de presentaciones de nuestras cuatro guías de seguridad digital, elaboradas con el apoyo de Internews. En esta ocasión, estaremos conversando con Adriana Urrutia de Plataforma Comadres, sobre la importancia de reconocer la violencia de género en línea en relaciones de pareja. Leer más
Del 8 al 10 de septiembre se llevará a cabo el Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe organizado por IPANDETEC, Derechos Digitales, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones y entre otras organizaciones del sector privado y público de Chile, Uruguay y Paraguay. Las reuniones regionales del LACIGF han estimulado a lo largo del tiempo la realización de discusiones y proceso nacionales alrededor de la Gobernanza de Internet en un ambiente de colaboración también entre la comunidad técnica, académica y organizaciones de la sociedad civil.
Denisse Albornoz, directora de investigación de nuestra organización, estará presente en el panel “Gobernanza de internet, género e interseccionalidad” que se llevará a cabo el jueves 10 de septiembre a las 9 am (hora peruana). Esta sesión es la primera en la historia del LACIGF en la que se aborda de manera explícita la necesidad por integrar un enfoque de género en la toma de decisiones y construcción de políticas públicas sobre Internet.
La sesión tiene como objetivo discutir con la comunidad del LACIGF cómo los enfoques de género pueden contribuir al desarrollo de políticas públicas y privadas de internet, y la implementación de tecnologías que se hagan cargo de una mirada interseccional, que habilite de mejor manera el ejercicio de derechos de las mujeres y grupos LGBTQI+ en América Latina. Considerando que se trata de un tema novedoso en este espacio, la discusión buscará escuchar las perspectivas de representantes de los distintos sectores sobre preguntas orientadoras en la temática y casos en que estas problemáticas se manifiestan en forma concreta en la región.
La sesión se dividirá en tres partes, siendo la primera dedicada a comprender los desafíos e identificar las buenas prácticas desarrolladas por cada sector en cuestiones específicas como la violencia de género en línea y la inclusión y participación en el desarrollo de políticas.
La segunda consiste en una discusión en pequeños grupos a partir de casos o escenarios hipotéticos que buscará pensar cómo cada sector podría colaborar en responder a los desafíos de la gobernanza de internet a partir de una perspectiva de género en cada una de las situaciones presentadas. En esta sección Denisse de Hiperderecho, junto a Lulu Barerra de Luchadoras, dirigirán una conversación en torno a la regulación de la violencia de género en línea a partir de leyes de sanción a la difusión no consentida de imágenes íntimas en la región.
Finalmente, la tercera hará una síntesis de las discusiones en los grupos de trabajo y buscará recapitular sobre el contenido de la sesión para apuntar a posibles caminos hacia el futuro.
El ingreso es libre previa inscripción.
Este viernes 11 de septiembre a las 6 pm iniciamos el ciclo de presentaciones de nuestras cuatro guías de seguridad digital elaboradas con el apoyo de Internews. Cuatro viernes seguidos estaremos presentando estas guías y conversando sobre los temas que abordan: cuidado digital para activistas que difunden información sobre el aborto en línea, violentómetro para identificar violencia de género en línea en relaciones de pareja, protección digital en protestas y cuidados digitales durante la coyuntura actual de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19.
En esta ocasión estaremos conversando con Fátima Valdivia de la Colectiva Por la Libre Información para las Mujeres, sobre la importancia de brindar información para acceder a aborto seguro y cómo cuidarnos en el espacio digital al momento de brindar esta importante información.
La guía ha sido elaborada bajo la premisa que es nuestro derecho, como mujeres y personas con la capacidad de gestar, poder acceder a información y compartir información sobre nuestra salud reproductiva. Ninguna persona debería ser perseguida por informarse en Internet. Es por esto que Hiperderecho en colaboración con la Colectiva Por la Libre Información para las Mujeres ha elaborado una guía dirigida a quienes brindar información y dan acompañamiento a quienes han tomado la decisión de interrumpir un embarazo.
Esta guía cuenta con recomendaciones legales, digitales y de autocuidado para activistas en línea que trabajan difundiendo información sobre el aborto en nuestro país. Esperamos que sean de utilidad para quienes realizan esta labor.
El evento será transmitido en nuestra fanpage de Facebook. ¡Les esperamos!
Una de las medidas adoptadas a nivel mundial para prevenir la propagación del COVID-19 es el distanciamiento social. Como resultado de esta medida, muchas actividades se trasladaron al espacio digital como clases, reuniones de trabajo o incluso eventos sociales como celebraciones de cumpleaños o reuniones familiares. Por eso, hoy plataformas como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams diseñadas originalmente para entornos laborales o empresariales han terminado ocupando un rol central en nuestra vida diaria. Lamentablemente, este nuevo espacio de interacción social también ha traído consigo algunos inconvenientes como invitados no deseados, comentarios agresivos en transmisiones en vivo, e incluso acoso en estos eventos.
Las empresas desarrolladoras de estas aplicaciones/plataformas están tomando rápidamente conciencia de estos problemas. En los meses recientes, han empezado a brindarnos una gama de posibilidades para prevenir estas situaciones y proteger a nuestros invitados. Por eso, antes de pensar que una aplicación es mejor que otra, es importante entender las limitaciones y diferencias de cada una. Por eso, si en algún momento te toca organizar una llamada o evento en línea, te dejamos nuestras recomendaciones a seguir antes y durante la llamada. Leer más
Este sábado 5 de septiembre se llevará a cabo Youth LACIGF de 15:00h a 16:00h (UTC-4). Participan Dilmar Villena, Coordinador Legal de nuestra organización, Alexandre Barbosa (ITS Rio), Evelyn Tellez (Infotec) y Javiera Moreno Andrade (Datos Protegidos).
El panel se titula «Datos y privacidad en políticas de emergencia para combatir COVID-19: más allá del contact-tracing». El objetivo es discutir el uso de datos para combatir la crisis de COVID-19 y sus implicaciones en términos de privacidad y ciberseguridad en América Latina. A través de dicho panel se busca promover un debate multisectorial con invitados de diferentes países de la Región.
El evento se llevará a cabo a través de la plataforma meet. El ingreso es libre previa inscripción.
Desde que empezó el aislamiento obligatorio, nos han preguntado muchas veces si el aumento en conectividad a Internet ha llevado a un aumento en el registro de casos de violencia de género en línea. Aunque en Hiperderecho sí notamos un mayor interés en entender cómo proceder ante estos casos de violencia, no teníamos suficiente evidencia para afirmar que efectivamente estos casos están aumentando. Por ello, decidimos acudir a la única plataforma peruana que recoge datos sobre acoso virtual y violencia en línea en el país: No al Acoso Virtual. En este post te contamos sobre las tendencias que encontramos empleando los datos levantados entre Febrero 2018 y Junio 2020 y lo que nos sugieren sobre cómo se está monitoreando este tipo de violencia en el Perú. Leer más
En junio de este año, el congresista Manuel Aguilar Zamora del partido Acción Popular presentó el Proyecto de Ley N° 05408/2020-CR, que tiene como objetivo reemplazar la Ley de Teletrabajo vigente y su Reglamento. Quizás lo más destacable del Proyecto es que propone el reconocimiento del derecho a la desconexión digital, un elemento que hasta ahora no había sido recogido expresamente en nuestra legislación. No obstante, también presenta algunos retrocesos respecto de las obligaciones del empleador para con sus teletrabajadores.
La definición de la Ley de Teletrabajo vigente señala que el teletrabajo solo está reconocido como tal cuando la prestación de servicios se realiza de forma no presencial, aunque luego en el Reglamento admite la posibilidad de un régimen mixto. En contraposición a esto, el Proyecto de Ley amplía dicha definición, disponiendo que esta modalidad admita la prestación de servicios de forma parcial o total, sin que esto modifique la naturaleza intrínseca del teletrabajo.
¿Por qué esto es relevante? A propósito de las medidas de aislamiento social obligatorio impulsadas por el Gobierno, existe actualmente una gran confusión entre distintos regímenes laborales; especialmente entre el teletrabajo y el denominado “trabajo remoto”. Mientras que el primero es un régimen especial de contratación que cuenta con su propia normativa, el segundo es solo una modalidad transitoria dispuesta por el Estado para permitir la continuidad de las actividades laborales durante la emergencia nacional.
En junio de este año, la congresista María Silupú Inga del partido Fuerza Popular presentó el Proyecto de Ley N° 05573/2020-CR, que tiene como objetivo dictar medidas para “autorizar y regular” el acceso de las MyPes al comercio electrónico. Pese a que la intención del Proyecto es mejorar la situación de estas empresas, las medidas propuestas en realidad tienen el efecto contrario pues crean más obstáculos exclusivamente para ellas.
El Proyecto de la congresista Silupú parte de una premisa equivocada: que las MyPes actualmente no pueden ofrecer sus productos y servicios a través del comercio electrónico de forma legal. Vale la pena señalar en este apartado que el comercio electrónico es un nombre que define una forma de comercio que se realiza a través del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), pero no es una actividad excepcionalmente diferente del comercio tradicional y, de hecho, ambas están afectas a la misma regulación.
A nivel societario, las empresas domiciliadas en el país que ofrecen sus productos y servicios a través del comercio electrónico están sujetas a las mismas reglas que aquellas que lo hacen por vías tradicionales. Del mismo modo ocurre con la tributación, pues sin importar la modalidad bajo la cual se obtengan las rentas, siempre que estas sean de fuente peruana, las personas naturales y empresas están obligadas a declarar y pagar impuestos. Finalmente, el Código de Consumidor ya resulta enteramente aplicable al comercio electrónico, tanto así que el Indecopi tiene un vasto historial de decisiones administrativas sobre la materia.
Por todos estos motivos es que las obligaciones contempladas en el Proyecto antes que promover la inclusión de las MyPes en el sector del comercio electrónico, crean más barreras pues algunas de estas nuevas exigencias no existen actualmente. Por ejemplo, cuando se menciona que las MyPes deben tener habilitada una plataforma con múltiples medidas de seguridad, se desconoce que estas actualmente ya están obligadas a respetar la normativa de consumidor y la Ley de Protección de datos personales, que establece medidas para proteger a los consumidores, pero ninguna de ellas obliga a la implementación de tecnologías específicas.
Algo similar ocurre con la obligación de estas registradas. Actualmente, además de contar con el Registro Único de Contribuyente (RUC) activo, por regla general ninguna empresa necesita otro permiso o habilitación para ejercer actividades de comercio electrónico, siempre que respeten la legislación vigente que les sea aplicable. Condicionar a las MyPe a someterse a un trámite burocrático adicional a los que ya existen no solo las coloca en desventaja frente a otros tipos de empresa, sino que incrementa los incentivos para que decidan mantenerse en la informalidad. Así mismo, en la coyuntura actual, exigirle a una MyPe un tiempo mayor de inactividad mientras obtiene todos estos nuevos permisos puede suponer su fin.
Sin dejar de reconocer que el espíritu de la iniciativa es buscar el beneficio de la sociedad, invitamos a la congresista Silupú y a la bancada de Fuerza Popular a que en el futuro sus propuestas relacionadas a la tecnología tengan en cuenta que cualquier producto o servicio aparentemente “novedoso” no necesariamente requiere ser regulado de forma específica.
Por todos estos motivos, en Hiperderecho hemos a enviado cartas (PDF) exponiendo esta situación a todos los miembros de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, en donde se ha asignado este Proyecto de Ley; invitándolos a votar a favor del archivo de esta propuesta.
Este mes presentamos nuestra nueva guía para realizar auditorías ciudadanas del uso corporativo de nuestros datos personales, como parte del proyecto Son Mis Datos. Este proyecto está en curso desde el 2019 y busca que los ciudadanos y ciudadanas del país se familiaricen con la Ley de Protección de Datos Personales, y sepan utilizarla a su favor para fiscalizar el uso de datos personales de empresas peruanas.
El año pasado lanzamos la primera parte del proyecto: nuestra aplicación web para enviar gratuitamente solicitudes de acceso e información sobre datos personales a estas empresas. Con ella, las personas pueden preguntarles a las principales empresas del país qué datos personales tienen, cómo los obtuvieron, para qué los usan, con quienes los comparten, y por cuánto tiempo los conservan, entre otras preguntas. Hoy lanzamos esta guía como un recurso complementario para sacarle aún más provecho a lo que nos ofrece web, con estrategias sobre cómo usarla y cómo llevar a cabo actividades educativas en torno a ella. Con esta nueva guía, esperamos que sean cada vez más personas las que utilicen las diferentes aplicaciones de la Ley de Protección de Datos para ejercer sus derechos. Leer más
En junio de este año, el congresista Daniel Urresti del partido Podemos Perú presentó el Proyecto de Ley N° 05091/2020-CR, que tiene como objetivo realizar varias modificaciones al Decreto Legislativo N° 1182, la controversial “Ley Stalker” promulgada en 2013. Los cambios implican ampliar el alcance de los mecanismos de localización y geolocalización, afectando así a un mayor número de personas y causando graves conflictos de competencia entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
El 27 de julio del año 2015 se publicó el Decreto Legislativo N° 1182, una norma que regula el acceso y posterior uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de telefonía móvil y dispositivos electrónicos afines, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Además, entre otros ajustes, creó un nuevo mandato de retención y conservación de datos derivados de las telecomunicaciones por un plazo de hasta treinta y seis (36) meses.
Para poder hacer uso de las herramientas de localización y geolocalización creadas por esta norma, se pusieron tres condiciones: (1) que la Policía se encuentre ante un delito flagrante; (2) que la sanción del delito sea mayor a cuatro años; y, (3) que el acceso a dichos datos sea un medio necesario para la investigación. Si todas ellas se cumplían, la Policía podía solicitar directamente a las empresas de telecomunicaciones el acceso a los datos de localización y geolocalización en tiempo real y sin la necesidad de una orden judicial. Luego, un fiscal haría el control pertinente y un juez decidiría si convalidar o no dicha medida.
